En caso de que el PRI y el PAN decidan este miércoles sancionar al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y a su exsecretario General, Manuel González Flores, Nuevo León podría dar un paso importante al combate a la corrupción, así lo consideró Mariela Saldívar Villalobos.
La exdiputada y principal impulsora de la denuncia contra El Bronco señaló que esto evitará que a futuro más servidores públicos incurran en las mismas anomalías.
Esto lo manifestó, luego de que este tres de enero, la Comisión Jurisdiccional del Congreso Local presidida por la panista Lilia Olivares diera entrada a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este órgano en su veredicto le ordena al Congreso Local sancionar a los dos exfuncionarios estatales por la recolección de firmas para contender a la Presidencia de la República, ya que ambos utilizaron recursos estatales y personal de su gabinete a pesar de estar en horas laborales.
“Desde 2018, han dejado pendiente de aplicar la sanción establecida por el Tribunal Federal Electoral, por el uso indebido de recursos públicos, en las Bronco Firmas, este caso lo más cercano que ha estado Nuevo León de sancionar la corrupción”, señaló la exdiputada.
La ex legisladora expuso que las pruebas fueron presentadas por ciudadanos y el caso fue investigado y sentenciado por autoridades federales.
“Pero nuestros diputados y diputadas locales, mayoritariamente del PRI y el PAN, han hecho caso omiso en aplicar la sanción a Jaime Rodríguez Calderón y Manuel Florentino González” , dijo.
“Ante 6 años de omisiones, el 31 de agosto de 2023 el TRIFE volvió a ordenar al Congreso de Nuevo León que aplicara la sanción y le dio 30 días para hacerlo”, continuó.
“Pero el Congreso local volvió a “patear el bote”, por lo que el Tribunal apercibió (amonestó) al Congreso a finales de diciembre del 2023, y le dio 5 días hábiles para que informara los pormenores de la aplicación de la sanción”, aseveró.
Por tal motivo, espera que este 3 de enero del 2024, los diputados y diputadas de la Comisión Jurisdiccional, encabezada por una diputada del PAN, al revisar el tema marquen un precedente en la vida política del estado de Nuevo León.
“El lograr sancionar ejemplarmente a 2 servidores públicos podría prevenir que otros y otras utilicen los recursos públicos para fines electorales”, indicó.