Con el fin de salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas, la bancada del PRI en el Congreso local anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar el delito de discriminación y sancionar con mayor rigor cuando se actúe en contra de mujeres trabajadoras o que se estén en cinta.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la fracción condenó que, en pleno siglo XXI, la discriminación laboral por embarazo sea una de las problemáticas sociales con mayor vigencia, pese a los esfuerzos que se han realizado para combatirla.
Treviño Cantú aseveró que es necesario reformar el párrafo tercero del artículo 353 BIS 1 del Código Penal para agravar la pena, cuando el delito de discriminación se realice en el ámbito laboral en contra de las mujeres o cuando estén en condición de embarazo.
“La reforma va dirigida al ámbito penal para salvaguardar la integridad tanto de la madre, el desarrollo de su embarazo, así como de su bebé, y también se refuerza la protección de sus derechos en el ámbito laboral, por medio de una sanción mayor a quienes tratan de vulnerar sus derechos”, precisó.
“Esta conducta debe de castigarse de forma ejemplar, para que las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres embarazadas, estén totalmente protegidas, y los agresores lo piensen dos veces”, dijo.
Actualmente, el Código establece que el delito de discriminación amerita una pena de tres meses a un año de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, y una sanción económica que puede ir de 2 mil 400 pesos (25 cuotas) a 24 mil 055 pesos (250 cuotas); la reforma plantea que cuando se atente laboralmente contra una mujer o por estar encita, la sanción se incremente al doble.
Se estima que en Nuevo León el 20.3% de la población de mujeres mayores 15 años ha vivido situaciones de discriminación laboral a lo largo de la vida profesional. Mientras que 22.6% ha experimentado discriminación laboral en los últimos 12 meses.
“Estos datos nos confirman que aún falta mucho trabajo por hacer para asegurar que las mujeres gocen de un ambiente libre de discriminación o violencia”., puntualizó.
“La discriminación laboral por embarazo es una forma de violencia que afecta múltiples derechos de la mujer, de su bebé y su familia”.
“Las formas comunes de discriminación en el embarazo son: no ser contratada debido a un embarazo visible, ser despedida después de informar a un empleador sobre el embarazo o posterior a la licencia de maternidad, y eso ya no lo debemos permitir”, recalcó.
El Coordinador del GLPRI puntualizó que una de las maneras de actuar de forma adecuada y responsable ante el embarazo, si la mujer no es capaz de realizar el trabajo que desempeña cotidianamente, el empleador puede proporcionarle tareas ligeras, asignaciones alternativas o licencia por incapacidad.
“Nuevo León está catalogado como uno de los estados con los niveles más altos de discriminación, y en esta legislatura nos hemos dado a la tarea de impulsar iniciativas como esta, que proporcione herramientas a las autoridades y a la ciudadanía para la erradicación de esta conducta”, reafirmó.