Con el voto en contra de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Legislación aprobó por mayoría la nueva Ley de la Defensoría Pública para el Estado de la Judicatura.
La iniciativa que en su momento la presento Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León consta de 37 artículos y seis transitorios.
Al darle lectura al expediente se estableció que la defensoría dependerá del Consejo de la Judicatura.
Será un órgano completamente autónomo técnicamente hablando en lo operativo y en el desempeño de sus funciones.
Cuando el titular tenga que ausentarse, el cargo será ocupado por quien lleve el cargo de Subdirector General, y si este tampoco se encuentra, la responsabilidad caerá sobre la Dirección Administrativa.