El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León otorgó la acreditación como nuevo partido político nacional Partido Paz, tras la resolución emitida por su Consejo General.

Durante la sesión extraordinaria efectuada, la autoridad electoral ordenó a la dirigencia de esta organización entregar los detalles sobre la conformación definitiva de su estructura directiva estatal, además de habilitar casillas de correo electrónico institucionales para la recepción de notificaciones y para uso específico de quien encabece la presidencia del Comité Directivo Estatal u organismo equivalente.

Como parte del acuerdo, el organismo electoral avaló a Melissa Paola Miranda Paz y a Miguel Ángel Cisneros como los representantes propietario y suplente, respectivamente, ante el Consejo General del instituto.

En el aspecto económico, el Consejo determinó que las prerrogativas destinadas a las tareas ordinarias permanentes del instituto político corresponderán al periodo que comprende de julio a diciembre de 2026, estableciendo una suma global de dos millones cuatrocientos veintiún mil doscientos cuarenta y ocho pesos, la cual será ministrada de manera mensual.

Asimismo, se fijaron los topes para el financiamiento privado, estableciendo un límite máximo de aportaciones globales de personas físicas por nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y uno pesos, mientras que la restricción para donaciones individuales quedó tasada en novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos.

Nuevas reglas para procesos internos

Durante la misma jornada, el organismo comicial avaló los lineamientos destinados a fiscalizar el cumplimiento de tiempos y normativas en los procedimientos de selección interna de abanderados partidistas de cara al proceso electoral 2026-2027.

La finalidad de estas directrices radica en fiscalizar que las fuerzas políticas respeten el lapso obligatorio de treinta días entre la definición de sus métodos internos y su arranque formal, además de cumplir con el plazo de setenta y dos horas posteriores para notificar al organismo y entregar la documentación requerida.