Cuando todo estaba listo para que se destrabara el proceso de designación del fiscal general de Nuevo León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución de la Controversia Constitucional.
Los ministros también dejaron pendiente resolver la controversia constitucional por el juicio político requerido en contra de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, por no haber entregado el Paquete Fiscal completo en el 2023.
En relación al fiscal, el ministro Luis María Aguilar Morales había enlistado para este 10 de enero el expediente 238/2022 interpuesto por el gobernador del Nuevo León.
Lo anterior, al señalar que el proceso está completamente viciado al existir irregularidades, a tal grado que se brincaron muchas etapas, se brincaron requisitos, es decir, hay candidatos que no presentaron su carta de No Antecedentes Penales, su Carta de No Inhabilitación.
Otros no cumplieron los requisitos de la Constitución y los pusieron a modo, además se violan requisitos fundamentales que establecen las Constituciones a nivel local y federal, como lo es el tema de paridad de género, ya que en la cuarteta designada por el Poder Legislativo solo se seleccionaron a cuatro hombres.
Sin embargo, este miércoles se decidió postergar la resolución, por lo que las cosas seguirán igual.
De acuerdo con fuentes consultadas, no se emitió alguna nueva fecha para analizar el expediente, sin embargo se habla que esto podría aplazarse hasta dentro de tres semanas más.
Todo este proceso inició el pasado 4 de octubre del 2022 cuando en entonces fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero decidió renunciar al cargo.
Esto desató una pugna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo derivado a la inconformidad de las cuatro personas de 65 que fueron elegidas para ocupar dicho cargo.
Los aspirantes elegidos fueron el exalcalde de Monterrey, Adrián De la Garza; Pedro Arce, encargado del despacho de la FGJ; Guadalupe Saldaña, exdirector de la AEI, y Genaro García, exsecretario del Ayuntamiento de Monterrey.
García Sepúlveda decidió vetar de inmediato al también priista Adrián de la Garza Santos, argumentando que no permitiría dejar en dicho puesto a un excontrincante en el proceso para la gubernatura.
Con la controversia constitucional, y dependiendo si en la resolución se le da la razón al Legislativo, los diputados locales podrían reanudar el proceso y elegir entre los aspirantes al nuevo fiscal.
En la actualidad está vigente una suspensión a favor del Gobierno de Nuevo León mediante la que se impide al Congreso local designar al nuevo titular de la Fiscalía.