La diputada federal Claudia Báez Ruiz planteó exhortar a la Secretaría de Seguridad federal para que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, realice la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios del país.
A través de un punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora de Encuentro Social propuso que los gobernadores hagan lo mismo y que además ordenen la confiscación de chips sueltos en los centros penitenciarios estatales.
También solicitó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre el monitoreo de equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos e imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.
Báez Ruiz señaló en un comunicado que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, que representan 6 mil 542 por cada 100 mil habitantes.
Dijo que un dato alarmante es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas salen de los penales, y refirió que “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones”.
Citó como ejemplo que entre el 5 de diciembre de 2019 y el pasado 10 de enero, el gobierno de la Ciudad de México decomisó al interior de los centros penitenciarios un total de mil 908 celulares; estas medidas, además, han evidenciado la portación de chips, de manos libres y equipos.
De acuerdo con la diputada el autogobierno en las prisiones ha generado el fracaso de los inhibidores de señal de celulares y los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores, además, la corrupción y mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.