La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, indicó que el Poder Legislativo tiene como una de sus más grandes responsabilidades adecuar el marco jurídico a la realidad social, por ello, sin importar su integración o conformación, requiere dar continuidad y seguimiento a las reformas aprobadas por Legislaturas anteriores.
Al participar en el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura", informó que la LXIV Legislatura concluirá con 46 pendientes, de los cuales 5 están dentro del tiempo previsto para su cumplimiento y 41 con plazos vencidos que vienen desde 2014.
Subrayó que atender esos asuntos es básico para el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo y particularmente de la Cámara de Diputados, porque “no podemos darnos obligaciones y luego incumplirlas”.
Logros en materia de justicia
En el rubro de justicia, la diputada presidenta estimó que se concluirá con grandes avances, porque la Legislatura discutió y aprobó reformas de gran calado que requirieron Parlamentos Abiertos, construcción de consensos e intensos debates en el Pleno.
“Ha aportado grandes avances al sistema de justicia mexicano con reformas en temas de igualdad, redefinición del delito de feminicidio, regulación de violencia digital, un nuevo marco jurídico para el Poder Judicial Federal, y leyes orgánicas para la Fiscalía General de la República”, comentó.
Explicó que las reformas constitucionales, los regímenes transitorios que acompañan las modificaciones legales, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad, se convierten en pendientes institucionales que la LXIV Legislatura por diversas razones no puedo desarrollar hasta su resolución.
Mencionó que los siguientes asuntos deben transitar a la LXV Legislatura como pendientes institucionales:
• Expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato; la Ley General de Seguridad Privada;
• También expedir la Ley General de Personas Jóvenes y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
• Hacer reformas sobre la reelección consecutiva de legisladoras y legisladores;
• Adecuar las leyes para el cumplimiento de disposiciones de la Ley General de Educación Superior;
• Realizar adecuaciones legales en materia de paridad de género;
• Expedir la Ley General para la Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales;
• Asimismo, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pendiente desde 2014.
Además, derivado de resoluciones de la SCJN se requiere:
• Expedir Código Único en materia Familiar y Civil, cuyo plazo es el primer periodo ordinario de la próxima Legislatura;
• Revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional; así como los artículos declarados inconstitucionales de la Ley General de Educación;
• Adecuar las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
Además, precisó la diputada Dulce María Sauri Riancho, la SCJN tiene pendiente de resolver acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que son: las leyes nacionales de Registro de Detenciones, del Uso de la Fuerza, y la Ley de la Guardia Nacional. También se deben atender las definiciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y del uso lúdico del cannabis.
Consideró que los pendientes son muchos y es una agenda derivada de mandatos legales que no pueden ser evadidos, porque “cuando el Poder Legislativo es omiso la ciudadanía puede exigirle cumplir y superar las omisiones, lo que produce escenarios rígidos y prisas innecesarias que impiden los consensos y creación de leyes sólidas para la ciudadanía”.
Por esa razón, expresó la diputada presidenta, “hay que preguntarnos si se requiere la creación de algún mecanismo parlamentario que obligue a la legislatura que aprueba los regímenes transitorios a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación o expedición en los plazos establecidos”.
“Tal vez se requiere considerar sanciones a las Legislaturas que no cumplan con el mandato o, incluso, pensar en un mecanismo que permita a la ciudadanía activar al interior del Congreso, mediante solicitud expedita, la priorización de los pendientes, una especie de iniciativa preferente”, mencionó.
Es un hecho que debe transitarse hacia un esquema que permita dar seguimiento y sobre todo cumplimiento a los pendientes institucionales. “Nosotros no pudimos hacerlo, a pesar de los esfuerzos. La elección consecutiva ayudará, porque numerosas legisladoras y legisladores que conocen de primera mano los pendientes serán parte de la LXV Legislatura y tendrán la responsabilidad de concluir lo que ésta no pudo”.
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DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Mensaje en el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”
Muchísimas gracias por esta oportunidad que a la vez, al ser prácticamente al final de nuestra Legislatura, me va a permitir hacer comentarios generales sobre los procesos legislativos desarrollados y los pendientes que estamos dejando estrictamente en términos de esos procesos inconclusos.
La LXIV Legislatura ha tenido la oportunidad de discutir y aprobar reformas de gran calado en materia de justicia, desde las propias reformas constitucionales hasta modificaciones legales que han requerido de parlamentos abiertos, de esfuerzos para la construcción de consensos y de la realización de intensos debates en el pleno.
Esta Legislatura que concluye ha aportado, sin duda alguna, grandes avances al sistema de justicia mexicano, con la aprobación de reformas de gran calado en materia de igualdad como la redefinición de delito de feminicidio, la regulación en materia de violencia digital, reformas en materia de paridad, así como la expedición de un nuevo marco jurídico para el Poder Judicial Federal y las leyes Orgánicas, dos, por cierto, de la Fiscalía General de la República.
No podemos olvidar otras que no alcanzaron los consensos pero que tuvieron debates relevantes, como las reformas en materia de la regulación del uso lúdico de la Cannabis.
Este breve recuento es la antesala de este foro organizado por la Comisión de Justicia “Agenda en materia de Justicia. Retos y oportunidades hacia la LXV Legislatura”. Una cuestión que es necesaria pues no podemos olvidar que el Poder Legislativo es un poder del Estado mexicano que tiene como una de sus más grandes responsabilidades el adecuar el marco jurídico a la realidad social. Por tanto, requiere sin importar su integración o conformación de dar continuidad y seguimiento a las reformas implementadas y aprobadas por legislaturas anteriores.
La aprobación de reformas constitucionales generalmente requiere de la posterior creación o adecuación de leyes secundarias. El complejo entramado de regímenes transitorios que acompañan las modificaciones legales, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, se convierten en pendientes institucionales que la LXIV Legislatura, por diversas razones, no pudo desarrollar hasta su resolución.
Por ello, la relevancia de este foro y de los temas que en él se abordarán, radica en poder tomar la oportunidad para hacer un breve recuento de los compromisos que deberían transitar a la LXV Legislatura como pendientes institucionales.
Derivado de los regímenes transitorios, quedan pendientes, entre otros:
• Expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, antes de que inicie este ejercicio en noviembre de 2021.
• Realizar las reformas relacionadas con la elección consecutiva de legisladoras y legisladores.
• Expedir la Ley General de Seguridad Privada, derivada de la reciente reforma constitucional en la materia.
• Reformar las leyes respectivas para el cumplimiento de lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley General de Educación Superior, en materia del financiamiento de la educación superior.
• Expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, derivada de la reforma constitucional en materia de juventud.
• Expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, derivada de la reforma constitucional en materia de movilidad.
• Realizar las adecuaciones normativas en materia de paridad de género respecto a nombramientos de titulares de las secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos, derivada de la reforma constitucional en materia de paridad.
• Expedir la Ley General para la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los Catastros Municipales, misma que quedó pendiente en la Cámara de Diputados
• Expedir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación derivada de la reforma educativa.
• Expedir la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que está pendiente desde el 2014. A partir de esta circunstancia CONEVAL adquirirá plenamente su carácter de órgano constitucional autónomo.
Derivado de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, encontramos:
• La expedición del Código Único en materia familiar y civil cuyo plazo que la Corte estableció para legislar es el primer periodo ordinario de la próxima Legislatura, es decir el 15 de diciembre de 2021.
• La revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional para su correcta implementación toda vez que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales diversos artículos de dicha ley relacionados con el origen ilícito de los bienes sujetos a extinción de dominio.
• La revisión de los artículos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la nueva Ley General de Educación, relativos a las comunidades indígenas y afromexicanas.
• Realizar las adecuaciones a las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
Por otro lado, encontramos que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente resolver las acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que son: la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley de la Guardia Nacional.
No podemos hacer a un lado las definiciones que aún faltan en materia de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la importante reforma que quedó pendiente en materia del uso lúdico de la Cannabis.
Como podemos observar, los pendientes son muchos. Una agenda derivada de mandatos legales que no pueden ser evadidos, pues como la historia nos ha enseñado, y esta Legislatura ha sido ejemplo de ello, cuando el Poder Legislativo es omiso la ciudadanía puede exigirle cumplir y superar esas omisiones y en consecuencia se producen escenarios rígidos y prisas innecesarias que impiden los consensos y la creación de leyes sólidas para la ciudadanía.
Y aquí un punto para la reflexión: el recuento antes mencionado no abarca la totalidad de los pendientes legislativos. En el registro que lleva puntualmente la Secretaría de Servicios Parlamentarios de las obligaciones transitorias que la Cámara de Diputados debe implementar, existe un listado de 46 pendientes para el Congreso de la Unión, de los cuales solo 5 se encuentran aún dentro del plazo previsto para su cumplimiento; los demás, todos ellos, estamos hablando de 41, ya abarcan plazos vencidos y abarcan cuestiones relacionadas desde 2014.
Ante esta situación, y por ello, debemos preguntarnos si se requiere el diseño y aprobación de algún mecanismo reglamentario que obligue a la Legislatura que aprueba los regímenes transitorios a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación o expedición en los plazos establecidos. Tal vez se requiere considerar sanciones a las legislaturas que no cumplan con el mandato, o incluso pensar en algún mecanismo que permita a la ciudadanía activar al interior del Congreso, mediante un procedimiento o solicitud expedita, la priorización de estos pendientes; una especie de iniciativa preferente.
Es un hecho que se debe transitar a un esquema que permita dar un seguimiento y, sobre todo, cumplimiento a los pendientes institucionales. Nosotros no pudimos hacerlo a pesar de los esfuerzos desplegados por parte de las distintas comisiones y de la Junta de Coordinación Política.
La reelección ayudará, pues numerosos legisladores que conocen de primera mano estos pendientes serán parte de la LXV Legislatura y serán quienes tengan la responsabilidad de concluir lo que esta Legislatura no pudo concluir.
Para cerrar mi intervención, quiero expresar mi reconocimiento por este muy atinado evento, promovido por la diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, por las diputadas Juárez Piña, Rodríguez Mier y Terán y Villavicencio, así como también Mariana Dunyaska García Rojas por la realización de este foro. Trabajadoras hasta el último día del mandato constitucional.
Y para concluir, también quiero decirles que les voy a mandar, por la vía del chat de la Comisión de Justicia, una relación de los 46 pendientes legislativos que considero que esta cuestión, la de los pendientes, es básica en el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo en general, pero particularmente de la Cámara de Diputados. No podemos darnos obligaciones, dárnoslos a nosotros, a nosotras mismas y luego incumplirlas. Esto tenemos que arreglarlo.
Muchas gracias.