Considera necesario la coordinadora parlamentaria que las autoridades competentes cuenten con los elementos necesarios para brindar una atención adecuada que garantice el pleno ejercicio de las mujeres a sus derechos y eviten su revictimización
El Grupo Parlamentario de MC informó que este lunes la Comisión de Igualdad de Género aprobó la iniciativa presentada por su coordinadora, la diputada Fabiola Loya Hernández, denominada “Ley Fátima”, en honor a la niña Fátima Cecilia, asesinada en febrero de 2020.
En un comunicado, la bancada indicó que el objetivo de la iniciativa es establecer la capacitación obligatoria en materia de igualdad y perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal.
Explicó que el dictamen fue avalado por unanimidad en la Comisión de Igualdad de Género, y reforma los artículos 7 y 49, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además modifica el artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
La coordinadora de la bancada sostuvo que para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia, así como un acceso efectivo a la justicia, es necesario que las autoridades competentes cuenten con los elementos necesarios para brindar una atención adecuada, que garantice el pleno ejercicio de sus derechos y eviten su revictimización.
“Por estas razones, he impulsado la ‘Ley Fátima’ a nivel federal, al igual que como lo hice en su momento en el Congreso de Jalisco, a fin de establecer la obligación de que las personas servidoras públicas que conforman la Administración Pública Federal, desde el Presidente de la República hasta el servidor público de primer contacto, estén capacitadas en igualdad de género y derechos humanos de las mujeres”, señaló.
Destacó que la aprobación de este dictamen que ahora pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, abre las puertas para que el Estado mexicano mejore la calidad del servicio público y eleve el nivel de conocimiento de las personas servidoras públicas en materia de Derechos Humanos de las mujeres, y con ello hacerles justicia a las que han sido víctimas de algún tipo de violencia y padecido la revictimización por parte de las autoridades encargadas de brindarles seguridad y justicia.