Salvador Tinajero, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó en el 4.o Coloquio sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IDHE) de la Universidad de Monterrey y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer
"Es necesario que los Estados y los organismos pongan mucho más énfasis en la responsabilidad que tiene el sector privado para prevenir y disminuir la violencia ocasionada por armas pequeñas y ligeras", afirmó Salvador Tinajero, en la Universidad de Monterrey.
El consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que esta práctica debe incluir la efectiva rendición de cuentas por acciones durante el ciclo completo de la vida de las armas, desde su producción y transferencia, pasando por la intermediación y concluyendo en quienes resultan los usuarios finales.
"El tráfico ilícito y desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación excesiva y proliferación en distintas zonas del mundo es una amenaza constante que puede llegar a poner en peligro la paz y la seguridad internacionales", enfatizó.
El funcionario federal participó en el 4.o Coloquio sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos, que se desarrolló durante este miércoles, teniendo como escenario la Sala del Claustro Universitario.
En el encuentro organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IDHE) de la UDEM y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, se analizó la relación de los derechos humanos con temas como las políticas públicas, las empresas, la justicia, la debida diligencia e, incluso, la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.
El debate en las mesas estuvo a cargo de especialistas de organizaciones civiles, funcionarios públicos y docentes de universidades de diferentes países, como Markus Krajewski, de la Friedrich-Alexander-Universität de Erlangen-Nuremberg; Olga Méndez Arellano, presidenta de la CEDH; José Luis Calderón, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob; Matthew Mullen, de la FIFA; y Anita Ramasastry, de la Universidad de Washington; además de Humberto Cantú Rivera, director del IDHE-UDEM.
Al mencionar ejemplos de actividades transfronterizas que generan daños y que no han encontrado respuesta en el ámbito del derecho internacional, Tinajero se refirió a la responsabilidad corporativa en el tráfico internacional de armas y sus efectos y reconoció que se han hecho algunos esfuerzos desde Naciones Unidas para fortalecer la cooperación y la acción conjunta para contrarrestar esta práctica ilegal, como el Tratado sobre Comercio de Armas.
"No obstante, estos esfuerzos han estado enfocados principalmente en las respuestas estatales frente al fenómeno, mientras que la responsabilidad del sector privado ha quedado, en el mejor de los casos, en promesas de autorregulación nunca cumplidas", expuso.
Tinajero mencionó que el Gobierno mexicano entabló acciones legales contra la negligencia de nueve empresas productoras de armas por la vía civil en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, pero aclaró que no es contra la legislación de ese país que permite tener armas, ni contra la industria per se, sino en contra de la falta de debida diligencia en sus negocios.
"Ellos saben perfectamente adónde va el arma y no hacen nada para evitarlo; ellos podrían tener herramientas para detectar el flujo de armas de principio a fin y no lo hacen porque no le conviene a su modelo de negocio", sostuvo.
Por otro lado, el funcionario comentó que México emprendió otras tres demandas en Arizona a distribuidores que venden armas a sabiendas de que es al crimen organizado: "tenemos detectadas armerías que venden 50 o 60 rifles de asalto a la misma persona".
Tinajero destacó que, aunque existe un mercado legal de armas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo entre 2016 y 2017 fueron incautadas más de medio millón de armas, en su mayoría traficadas en forma ilícita.
"Se trata de un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos con alguna situación de vulnerabilidad, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas", expresó.
Agregó que "el gran negocio" no es necesariamente la venta ilícita de armas, sino que el negocio es "un tanto más perverso"; es solo ganar para las compañías que arman a las bandas criminales y a su vez obligan al Estado a comprar armamento para hacer frente a este fenómeno: "solo las empresas ganan y entre nosotros nos matamos; por eso estamos demandando a las compañías".