San Salvador, El Salvador.- A punto de cumplir un año de vigencia, el presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió al Congreso que prorrogue una vez más el régimen de excepción y anunció el traslado de otros 2 mil pandilleros a "la cárcel más criticada del mundo ".
El mandato informó en Twitter que, tras un nuevo operativo, ya son 4 mil los presos "que habitan" la mega prisión destinada solo a miembros de pandillas y cabecillas, según apuntó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Es el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La cárcel, ubicada a 74 kilómetros al este de la capital salvadoreña, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción aislada de la ciudad. Está compuesto de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fabricas contra el ocio penitenciario.
Tiene capacidad para albergar a 40 mil reclusos. Ha sido criticada por colectivos de derechos humanos por no tener en cuenta los estándares internacionales de rehabilitación social, que desaconsejan las grandes prisiones con capacidad para millas de internos.
Cuando se trasladaron a los primeros 2 mil presos hace menos de un mes , Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Right Watch HRW, aseguró que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocido como Reglas Nelson Mandela, sugiriendo que las prisiones de régimen cerrado no tendrán una cantidad tan elevada de reclusos esto puede ser "obstáculo porque para la individualización del tratamiento" de los detenidos.
El gobierno de Nayib Bukele ha sido también criticado por organizaciones y países por vulneración de derechos humanos dada la suspensión de derechos constitucionales en la que basa su estrategia de mano dura contra las maras o pandillas.
Según cifras oficiales, más de 65 mil supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 3 mil 700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un vínculo verdadero con estas estructuras criminales.