Siendo presidente electo, tras ganar los comicios del pasado 5 de mayo, Mulino prometió que cerraría el Tapón del Darién, gigantesco pasadizo selvático de migrantes irregulares que cubre el oriente de Panamá y el occidente de Colombia y marca su frontera.
Anunció que, para acabar con la crisis migratoria en su país y con un problema que, alegó, tampoco es panameño, cerrará el Darién, retendrá a los migrantes y los repatriará.
El mandatario devolverá a venezolanos y cubanos que debieron huir forzosamente de la represión política en los regímenes izquierdistas o socialistas de sus países, y a los haitianos que lucharon por escapar del caos de estado fallido en Haití.
La duda persistió en torno a si los planes de Mulino llegarán a aplicarse sin distingos, ya que el Darién no es paso exclusivo de cubanos, venezolanos y haitianos, cuya deportación a sus tierras de origen podría ser más barata. ¿Tendrá Panamá capacidad financiera para deportar a sus países a miles de migrantes irregulares de Asia, en especial de China, y de África o el proyecto de Mulino perjudicará en la realidad sólo a latinoamericanos y caribeños, entre los que están los ecuatorianos?
Sin éxito, se solicitó repetidamente en junio anterior una entrevista con Mulino, quien asumió para un mandato de cinco años, a fin de conocer su proyecto sobre estos asuntos migratorios, y si olvidó los dramas de miles de sus compatriotas que escaparon de la dictadura de Noriega.
Disipada cualquier opción de que EU intervenga militarmente en la actualidad en Venezuela o en Cuba para desalojar a sus gobiernos rivales, la vía de cubanos o venezolanos quedaría marcada con el retorno por imposición a sus países, con riesgos de represalias políticas, por un factor: el muro del Darién.
El Darién se convirtió hace más de 10 años en trampa mortal y en base del crimen organizado a las que enfrentaron millones de americanos, africanos y asiáticos que migraron del sur al norte de América.