San José.— El miedo por la creciente inseguridad transitó de 2021 y 2022 a 2023 en Ecuador y aumentó en paralelo a una acelerada crisis de ingobernabilidad que acorraló al presidente, Guillermo Lasso Mendoza, al acercarse a cumplir la mitad de su cuatrienio en mayo próximo.
La crisis de gobernanza se complicó en un país en el que, con 18 millones de habitantes, también creció la alternativa de la salida masiva de personas en una incesante migración irregular o sin visas hacia México y Estados Unidos por Centroamérica.
Agobiado por el avance de la inseguridad, Lasso emitió el sábado un decreto que, entre otras acciones, autorizó la libre tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, con restricciones técnicas y personales, y dictó estado de excepción en varias zonas con toque de queda de las 01:00 a las 05:00 horas (00:00 a 4:00 horas del centro de México).
"Lasso está desesperado: siente que... se le va la presidencia", afirmó el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), de Quito. "Aquí hay un ambiente cada vez más creciente para que [Lasso] sea destituido o él mismo renuncie. Es como que no hay gobierno. Una gran decepción. Lasso no está en capacidad para gobernar", dijo Mantilla a EL UNIVERSAL.
El decreto "no soluciona (...) el grave problema de seguridad de Ecuador. Desde el inicio de su gobierno ha mostrado serias falencias, conocimiento y buen criterio para enfrentar" la inseguridad, agregó. Al subrayar que se "busca distraer la atención y [lograr] apoyos frente a un gobierno que aquí consideramos caído", relató que el respaldo se asemeja al "de otros presidentes que anteriormente fueron destituidos por la Asamblea Nacional [Congreso]". La luz verde en armas "lo único que hará es agudizar la violencia en Ecuador", anticipó.