La jueza Tanya Chutkan ganó este viernes conceder una pausa en el juicio que enfrenta Donald Trump en Washington, relacionado con el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.
Esta decisión tiene como objetivo dar tiempo al fiscal especial Jack Smith para evaluar cómo proceder tras la reciente victoria electoral de Trump, quien ganó las elecciones del martes, y cómo la misma podría impactar en el desarrollo de este juicio.
La magistrada aprobó la solicitud de Smith, quien había pedido la suspensión temporal de los plazos pendientes en el caso.
Asimismo, le otorgó al Gobierno hasta el 2 de diciembre para presentar sus deliberaciones sobre el camino a seguir en el proceso penal.
Esta medida, que se había solicitado desde la oficina del fiscal, busca estudiar cómo avanzar conforme a las políticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que imponen restricciones en la investigación de un presidente en ejercicio.
En su solicitud, Smith había planteado que, dado que la normativa del Departamento de Justicia prohíbe investigar a un presidente mientras esté en funciones, la victoria electoral de Trump podría obligarlo a cerrar el caso.
Esta suspensión permitirá a los fiscales analizar la situación y decidir cómo proceder con los cargos en su contra por su papel en el intento de revertir los resultados electorales de 2020 y por su presunta instigación al ataque al Capitolio.
En el marco de este juicio, se esperaba que los abogados de Trump presentaran su documentación ante la jueza Chutkan el próximo 21 de noviembre, en la cual argumentarían por qué su cliente no debería ser juzgado en Washington, calculando en la decisión reciente del Tribunal Supremo. , que determinaron que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad judicial.
La acusación contra Trump en el Distrito de Columbia incluye los cargos relacionados con su intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente al presidente Joe Biden.
Además, se le acusa de haber incitado el asalto al Capitolio, donde seguidores suyos irrumpieron en el Congreso para interrumpir la certificación de la victoria de Biden.
El 6 de enero de 2025 se prevé que Trump sea investido como presidente, después de que la victoria electoral sea certificada el 6 de enero.
Según el diario The New York Times , Smith ya había comenzado a discutir con el Departamento de Justicia cómo abordar los dos casos federales más importantes que involucran a Trump: el juicio por el asalto al Capitolio y el caso en Florida relacionado con los clasificados que Trump presuntamente se llevó consigo al dejar la Casa Blanca.
De acuerdo con la cadena NBC News, el Departamento de Justicia parece haber asumido que, tras la victoria electoral de Trump, no hay espacio para continuar con los juicios en Washington ni en Florida.
La victoria de Trump ha generado un dilema sobre cómo proceder con los procesos judiciales en su contra, ya que, ahora que ha sido elegido nuevamente, el Departamento de Justicia podría ver dificultades para continuar con los juicios en curso.
Hasta ahora, el fiscal especial no ha solicitado una pausa similar en el juicio por el caso de Florida, que involucra la retención de documentos clasificados.
Este proceso fue desestimado el 15 de julio, pero el fiscal Smith apeló ante un tribunal para que el caso fuera reabierto, lo que podría generar más complicaciones jurídicas.
En su campaña, Trump aseguró que, si regresaba a la Casa Blanca, despediría a Jack Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra, los cuales ha calificado de motivados por una persecución política.
Este mensaje ha sido parte de su estrategia electoral, en la que ha centrado sus esfuerzos en presentar los juicios en su contra como parte de una campaña para frenar su regreso al poder.
Actualmente, Trump enfrenta cuatro juicios penales paralelos, dos a nivel federal y otros dos en tribunales locales en Nueva York y Georgia.
El único juicio en el que ha recibido una condena hasta ahora es el de Nueva York, donde fue hallado culpable de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago encubierto a la exactitud porno Stormy Daniels, en un intento por evitar que este asunto perjudique su campaña presidencial de 2016.