En una conferencia de prensa, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, hizo hincapié en la defensa de la soberanía ecuatoriana y el apego a las leyes y la justicia del país, en medio de la crisis desatada por la irrupción policial en la embajada mexicana.
Sommerfeld destacó que el presidente Daniel Noboa ha liderado la lucha contra la delincuencia y, al enfrentar situaciones de conflicto armado, subrayó que "el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena solo puede agravar la situación".
Asimismo, la canciller indicó que Ecuador agotó todas las vías diplomáticas con México.
En referencia al exvicepresidente Jorge Glas, negó que sea un perseguido político y criticó la intervención externa en asuntos internos, contraviniendo el principio de no intervención.
En relación al asilo diplomático solicitado por Glas, Sommerfeld afirmó que Ecuador expresó claramente su posición, señalando que no procede su concesión y recordando que se solicitó autorización a México para emitir una orden de arresto en su contra.
En otro frente, Sommerfeld criticó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificándolas como desafortunadas y mencionó que fue esta la razón por la que Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito.
´Respeta Ecuador el Derecho Internacional´: Canciller
La canciller reiteró el compromiso de Ecuador con el respeto al derecho internacional, haciendo hincapié en que la concesión de asilo a Jorge Glas es considerada ilícita por el país.
Insistió en que Ecuador es respetuoso de las normativas internacionales y que la decisión presidencial de negar el asilo a Glas se fundamenta en el riesgo real de evasión de la justicia.
Asimismo, la canciller Sommerfeld afirmó que ningún delincuente puede ser considerado para recibir asilo político en Ecuador, subrayando la postura firme del país frente a la corrupción.
Por último, la canciller recordó al páis mexicano su deber de cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.
Por lo que hizó un especial énfasis en la cooperación para prevenir y combatir la corrupción en el ejercicio de funciones públicas en el país vecino.