Washington, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones al ministro del Interior de Irán, Abdolreza Rahmani Fazli, así como a siete altos funcionarios “por su papel en graves abusos contra los derechos humanos de los iraníes”.
Mediante un comunicado, la instancia ejecutiva dijo que Fazli autorizó a las Fuerzas de Aplicación de la Ley (LEF) el uso de la fuerza letal para contener las protestas sociales en noviembre pasado. “Sus órdenes llevaron al asesinato de musho manifestantes, incluidos al menos 23 menores”.
Agregó que como responsable de la seguridad interna, Fazli ha cometido “graves abusos contra los derechos humanos de iraníes en múltiples ocasiones” e incluso ha amenazado a los manifestantes con “medidas enérgicas de las LEF”.
La acción congeló los activos e intereses en propiedad de Fazli, otros siete funcionarios de las LEF y un comandante provincial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
El Departamento del Tesoro también impidió a la Fundación Cooperativa LEF, que supuestamente controla las industrias de energía, construcción, servicios y tecnología en el país árabe, realizar cualquier trato financiero con estadounidenses.
"Estados Unidos continuará responsabilizando a los funcionarios e instituciones iraníes que oprimen y abusan de su propia gente", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en el texto difundido este miércoles.
Estas nuevas sanciones se suman a las que ha emitido Washington desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró unilateralmente en 2018 del llamado acuerdo nuclear con Teherán.
El acuerdo fue firmado bajo la gestión del expresidente estadounidense Barack Obama y disminuiría las restricciones internacionales para los iraníes a partir de 2015. La flexibilización ocurriría si se comprobaba que su programa nuclear mantendría su desarrollo con fines pacíficos.
Las movilizaciones sociales en territorio iraní estallaron en octubre pasado tras el aumento del precio de la gasolina en 50 por ciento y se extendieron en todo el país. Diversas ONG han denunciado que el gobierno reprimió y asesinó a cientos de manifestantes.