El Presidente argentino Javier Milei revocó un decreto que incrementaba significativamente los salarios de él y su gabinete.
La decisión, anunciada a través de su cuenta de redes sociales, se produce tras las acusaciones de diputados de la oposición, quienes denunciaron que el decreto firmado a finales de febrero representaba un aumento salarial de aproximadamente el 50% para los altos cargos del gobierno.
Milei, conocido por sus posturas ultraliberales y de extrema derecha, declaró que se derogará el decreto y se revertirán los aumentos recibidos, argumentando que en tiempos donde la sociedad argentina realiza "un esfuerzo heroico", los políticos deben "poner el hombro" y liderar con el ejemplo.
La controversia se intensificó cuando Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, fue señalada por Milei como la responsable del aumento debido a un decreto que ella firmó hace 14 años.
Fernández de Kirchner respondió a través de las redes sociales "¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?".
El debate se intensifica en las redes sociales, donde tanto Milei como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner intercambian acusaciones, reflejando la tensión y el desafío que enfrenta el país en términos de política fiscal y estabilidad social.
La diputada opositora Victoria Tolosa Paz denunció un aumento salarial del 48% para el Presidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, una medida que contradice la postura de austeridad proclamada por el gobierno. La diputada acusa a Milei de engañar al público con estas acciones.
Desde su llegada al poder en diciembre, el gobierno de Milei ha implementado severos recortes en el gasto público con el objetivo de lograr un déficit cero.
Sin embargo, estas políticas de ajuste han generado descontento social, manifestado en protestas y huelgas por parte de diversos sectores, incluyendo sindicatos de conductores de trenes urbanos, personal de sanidad, empleados aeronáuticos y docentes. Estos grupos demandan aumentos salariales en respuesta a una inflación anual cercana al 254% y una economía en declive.