Esta medida se produce en medio de la preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde se estima que hay al menos 121 presos políticos.
El gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han sido criticados por el cierre de más de 3.500 organizaciones no gubernamentales y por intensificar la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.