Rechaza Caracas "robo y secuestro" de nuevo buque petrolero

Venezuela condenó el sábado el presunto "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con petróleo venezolano

Venezuela condenó el sábado el presunto "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con petróleo venezolano y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por el gobierno.

"Estos actos no quedarán impunes", advirtió el Ejecutivo. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y ante la historia por su criminal proceder", señala el texto publicado en redes sociales por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Según Caracas, la interceptación del petrolero representa una violación al derecho internacional y a la soberanía nacional, al tratarse —afirmó— de una embarcación que realizaba operaciones comerciales lícitas. 

El gobierno venezolano acusó directamente a Estados Unidos de actuar al margen de las normas marítimas internacionales y de incurrir en prácticas que calificó como "piratería moderna".

El Ejecutivo exigió información inmediata sobre el paradero y el estado de salud de los tripulantes, y responsabilizó a las autoridades estadounidenses de cualquier daño que puedan sufrir. 

Asimismo, informó que ya se activaron mecanismos diplomáticos y legales para denunciar el caso ante instancias internacionales competentes.Venezuela sostuvo que este episodio se enmarca en una política de presión y sanciones destinada a afectar su principal fuente de ingresos, el sector energético. 

No obstante, reiteró que continuará defendiendo sus recursos naturales y su comercio exterior, y advirtió que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger a su flota y a sus trabajadores.

Voceros oficiales subrayaron que el incidente se suma a otros hechos similares registrados en meses recientes, los cuales —aseguraron— evidencian una escalada de las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana. Añadieron que estas acciones impactan no solo al Estado, sino también a empresas y terceros países involucrados en el transporte y comercialización del crudo.En ese contexto, el gobierno hizo un llamado a la comunidad internacional para pronunciarse frente a lo que calificó como abusos reiterados y solicitó el respaldo de organismos multilaterales para garantizar la seguridad de la navegación y el respeto a las leyes marítimas.