México reconoció este martes parcialmente su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en 2001 y admitió reabrirlo con una investigación independiente y reparar e indemnizar a la familia de la víctima, pero rechazó su culpabilidad en la violación del derecho a la vida de la mujer.
El acto mexicano lo "consideramos un gesto de buena voluntad procesal muy importante", dijo la jueza costarricense Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al cerrar ayer dos días de audiencias sobre el homicidio que empezaron el lunes.
"Quisiera reconocer de parte de la Corte" la decisión del Estado, afirmó, al recordar a los delegados de los parientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Estado que cualquier acuerdo sobre la reparación a la familia debe ser notificado al tribunal a más tardar el próximo 27 de mayo.
Tras dos días de exposiciones virtuales de testigos, especialistas y otros comparecientes, el reconocimiento fue anunciado por el mexicano Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y principal expositor de la delegación estatal en ambas audiencias. "El reconocimiento de responsabilidad incluye los hechos que el Estado acepta como ciertos", explicó Celorio.