Protección migratoria en México, un desorden

BRUSELAS, Bélgica.- Mientras que en el sur del país la autoridad migratoria es prácticamente inexistente, en el norte predomina el caos entre los que anhelan entrar a territorio estadounidense, sostiene el Consejo Danés para Refugiados (DCR, por sus siglas en inglés) en su más reciente estudio de monitoreo sobre la crisis que afecta a México.
La investigación —basada en 107 entrevistas con de 242 personas que han recibido asistencia humanitaria—, realizada conjuntamente con el Servicio Jesuita a Refugiados y con financiamiento de la Unión Europea, indica que en julio y agosto pasado los cambios en la política migratoria estadounidense "continuaron surtiendo sus efectos, con confusión y desesperación en ambas fronteras de México". En el norte, las autoridades de Estados Unidos aprehendieron a 315 mil personas tratando de ingresar irregularmente durante el bimestre y a otras 350 mil en los dos meses previos. En el sur "se detectaron llegadas constantes de flujos significativos de personas de diversas nacionalidades, con mayor visibilidad de venezolanos y cubanos".
Indica que las nuevas solicitudes recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se mantuvieron estables durante dicho periodo, con aproximadamente 23 mil. Asegura que "no hay un registro de la magnitud de personas entrando al país", debido a que en "Tapachula siguieron las prácticas de emisión arbitraria de oficios de salida que permitieron un flujo de personas hacia el norte del país sin pasar por la Comar".
En otras palabras, en la frontera chiapaneca el Estado está ausente para aplicar el debido proceso, elevando la vulnerabilidad de las personas que descontroladamente entran al país. "Durante julio y agosto, 100% de entradas documentadas por el Monitoreo de Protección fueron irregulares, confirmando la persistencia de una falta de mecanismos para acceder al territorio de manera regular". Como consecuencia, dos de cada tres migrantes que entran por Tapachula sufren algún tipo de abuso, a 28% les confiscaron sus pertenencias y 24% sufrió extorsión.
El estudio alerta sobre un problema adicional generado por la política de Comar de negar las solicitudes de asilo de niños que llegan al país después de sus familiares: "Esta práctica deja a los menores en una situación de indocumentación, ya que la Comar las instruye a acudir al Instituto Nacional de Migración para perseguir la regularización por vínculo familiar, un trámite cuyo alto costo lo hace prohibitivo para gran parte de la población de interés".
En Ciudad Juárez sigue el temor de alojarse en un refugio regular tras el incendio en la Estación Migratoria de marzo y la falta de empleo está conduciendo al trabajo forzado o la explotación laboral. Crecen los casos de secuestro: 22% de los entrevistados en la ciudad fronteriza afirmaron que algún integrante del hogar había sido víctima de ese delito durante el tránsito en México o durante su estancia en Ciudad Juárez.