Estados Unidos anunció la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe, como parte del bloqueo al petróleo venezolano y de la presión creciente sobre Caracas para controlar la producción y venta de crudo. Washington afirmó que las acciones se realizan en cualquier parte del mundo contra cargamentos ilícitos, mientras Rusia y China expresaron su inconformidad por las operaciones.
Las incautaciones se enmarcan en una escalada iniciada en septiembre, que incluyó ataques militares y el bloqueo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump. Tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, Trump aseguró que Estados Unidos controlará indefinidamente las ventas de petróleo venezolano, pese a las acusaciones de "piratería" por parte de Caracas.
El caso del petrolero interceptado cerca de Islandia evidenció la complejidad y opacidad del mercado negro del crudo, con cambios de nombre y bandera durante la persecución. En este contexto, Pdvsa informó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, mientras el nuevo gobierno interino venezolano ofreció cooperación ante la presión internacional.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró que mantiene una lista actualizada de buques susceptibles de ser decomisados por violar las sanciones, como parte de una estrategia para cerrar las rutas del comercio ilegal de crudo venezolano.
Funcionarios estadounidenses subrayaron que el objetivo es debilitar las fuentes de financiamiento del narcotráfico y de grupos considerados terroristas, así como reducir la influencia de actores extranjeros en el sector energético venezolano.
En el plano diplomático, la ofensiva petrolera ha generado tensiones con aliados y socios comerciales de Venezuela, al tiempo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del mercado energético regional. Analistas advierten que el control prolongado de las exportaciones venezolanas por parte de Washington podría reconfigurar los flujos globales de petróleo, mientras persisten dudas sobre el impacto económico y social que estas medidas tendrán dentro del país sudamericano.