Piden a AMLO "voluntad política" en caso Modesto Patolzin

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Los parientes y representantes legales del mexicano Modesto Patolzin Moicén, desaparecido en 1988 en Oaxaca en la oleada de violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, pidieron este martes al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que "materialice" la voluntad política estatal para definir el paradero de su familiar e indemnizar a las víctimas.
La información fue suministrada en la capital costarricense por el (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización interamericana no estatal de defensa de los derechos humanos, y el (no estatal) Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), que opera en México, Costa Rica, Colombia y El Salvador.
"Es hora de que la voluntad política del Estado (mexicano) se materialice", dijo la mexicana Liboria Miranda Silva, esposa de Patolzin, en un informe que ambas organizaciones, como representantes legales de la familia del desaparecido, enviaron a EL UNIVERSAL.
La solicitud fue planteada en una carta remitida al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, Alejandro Encinas Rodríguez. Por el momento no trascendió ninguna reacción o respuesta oficial.
"A más de 33 años de la desaparición" de Patolzin y a "casi dos décadas" de que el Estado mexicano se comprometió a aclarar el caso, "sin ningún resultado hasta ahora", urge "actuar con celeridad y eficiencia" para resolverlo, dijeron CEJIL e IIRESODH.
Gobernación debe "honrar" los compromisos que el Estado mexicano asumió en 2007, añadieron, al insistir en que "urge que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, actué con celeridad y eficiencia para el esclarecimiento de este caso".
La Comisión fue creada el pasado 2 de octubre por López Obrador.
Cejil precisó a este diario que Patolzin Moicén "fue visto por última vez" el 24 de febrero de 1988.
La desaparición se registró en las postrimerías del gobierno, de 1982 a 1988, del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid (1934—2012), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La práctica de desaparición forzada y detenido—desaparecido fue aplicada desde mediados de la década de 1960 por varias instancias federales, estatales y municipales de los aparatos policiales y militares de México, según reportes oficiales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) dictadas en el siglo XXI contra el Estado mexicano.
Un recuento de Gobernación precisó que del 15 de marzo de 1964 al 23 de noviembre de 2021 se llegó a 233 mil 156 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. El total de desaparecidas y no localizadas alcanzó 94 mil 994 personas y el de las localizadas llegó a 138 mil 212, según el registro oficial a este martes.
"Solución amistosa". IIRESODH y Cejil informaron que pidieron a Encinas una cita "de seguimiento" a los compromisos que el Estado asumió en la "solución amistosa" que lleva más de 19 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "sin que al momento se conozca el paradero" de Patolzin Moicén ni se haya hecho justicia "o reparado integralmente a las víctimas" de su desaparición.
"En la misiva, se le recuerda a Encinas que en 2007 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la dilación en la investigación de los hechos y se comprometió a indemnizar a las víctimas" y en 2008 "asumió otros compromisos que no se materializaron", agregaron.
El Centro y el Instituto plantearon el asunto ante la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación en 2020.
Asimismo, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca se comprometió en octubre de 2020 a "establecer una coordinación" entre dos autoridades de ese estado —el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, del ahora opositor PRI, y la Fiscalía General de Justicia— para "dar seguimiento al caso", mencionaron.
"Un año después, tampoco se reportan avances", lamentaron.
El objetivo de la gestión, subrayaron, es que SEGOB "abra un espacio para construir, de manera conjunta, una ruta de avance en el esclarecimiento de los hechos, la efectiva búsqueda del paradero del señor Patolzin Moicén y las alternativas para que el Estado mexicano honre los compromisos asumidos desde 2007".
Según las dos fuentes, la reciente creación de la Comisión "abona a la esperanza de las víctimas"
Al crear la Comisión, López Obrador alegó que, de 1965 a 1990, en México hubo "violaciones graves de derechos humanos, mismas que han sido objeto de observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, que en algunos casos, han determinado que el Estado Mexicano ha sido responsable de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas".
Puntualizó que "es prioridad para el Gobierno de México implementar acciones concretas que permitan esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia política comprendido de 1965 a 1990, y con ello brindar a las víctimas y sus familiares garantías para el acceso a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación integral y la no repetición de estos hechos".
Al respecto, IIRESODH y Cejil adujeron que, "sin embargo", y luego de más de 33 años de la desaparición de Patolzin y de que el Estado mexicano prometió dilucidar los hechos y "sin ningún resultado hasta ahora", es urgente que la Comisión actúe "con celeridad y eficiencia para el esclarecimiento" como medida complementaria a la investigación penal que se sigue en la justicia mexicana.
Las dos organizaciones llevan la causa de Patolzin ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.