Sin cesar su asedio a la jerarquía católica, el régimen de Nicaragua reforzó este miércoles su estructura represiva al eliminar el carácter civil de la Policía Nacional para convertirla en cuerpo armado sometido al poder presidencial y despojarla de sus principios de apolítica y apartidista.
El cuestionado gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, impuso este miércoles en la Asamblea Nacional una reforma al artículo 97 de la Constitución, para dejar a la Policía Nacional bajo designios presidenciales y la consolidó como pieza clave de la represión que el régimen intensificó desde 2018 contra los opositores.
La reforma, que entrará en vigor una vez que sea aprobada en segunda legislatura, elimina el principio de que la Policía Nacional es un cuerpo armado "profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante", así como "de naturaleza civil".
Ahora, el cuerpo quedará totalmente subordinado al presidente. En otras palabras, deberá acatar sus designios, sin que nada ni nadie pueda frenarlos. Es, advierten expertos, un paso más en la "legalización" de la represión y la vigilancia de los nicaragüenses.
No sólo eso. La Asamblea, controlada por la mayoría de diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, reformó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para incluir tres nuevos artículos que sancionan con penas de cárcel a los oficiales desertores y desobedientes.
Para los desertores considera una pena de dos a tres años de prisión; para aquellos que desobedezcan o incumplan sus deberes, la sanción será de seis meses a dos años de prisión. Con ambas reformas, Ortega se garantiza no sólo la obediencia, sino la lealtad policial, aunque sea por miedo.
Ortega y Murillo controlan los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral y las fuerzas militares y policiales.
"Eliminan la naturaleza civil" de la Policía Nacional, que queda "sólo como un cuerpo armado", adujo a este diario la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), asilada en Costa Rica.
El cambio prioriza "la subordinación directa" de la Policía a la Presidencia y, ya sin ser apolítica ni apartidista, el aparato policial queda "proclive" a órdenes presidenciales "sin ningún tipo de principio ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo", alertó.