La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) emitió una orden este sábado para garantizar la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, que está programada para el 14 de enero de 2024.
En una resolución, el tribunal expresó su preocupación por preservar el régimen democrático del Estado y, en particular, la alternabilidad en el ejercicio del poder.
La CC instó tanto a los gobernantes como a los gobernados a ejercer sus facultades y derechos de manera que la transición prescrita en la Constitución se lleve a cabo dentro del marco de un orden institucional estable.
El presidente electo Bernardo Arévalo ha denunciado repetidamente que la Fiscalía General de Guatemala ha iniciado una serie de acciones legales que obstaculizan su investidura.
La Corte tomó esta medida después de seis días de protestas en las calles, que incluyeron bloqueos de carreteras y manifestaciones que exigían la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de otros funcionarios.
Estos funcionarios enfrentan denuncias de corrupción, injerencia en el proceso electoral y obstrucción del funcionamiento democrático del país, además de supuestamente intentar impedir la juramentación de Arévalo.
La dimisión de la fiscal general Rafael Curruchiche y el juez penal Freddy Orellana también es una de las demandas de los manifestantes.
La decisión de la CC se produjo después de que Arévalo, durante una visita a Estados Unidos, expresara que Guatemala estaba experimentando una transición "incierta" que parecía un "golpe de Estado a cámara lenta".
Además, diez abogados, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaron un recurso legal en el que afirmaron que existía una "amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala".
La situación política en Guatemala sigue siendo tensa y sujeta a un escrutinio internacional.