El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, quiere implementar una nueva norma que permitirá a las autoridades migratorias restringir el acceso al asilo en la frontera sur. La norma, que debe anunciarse oficialmente en los próximos días, instruirá a los agentes de migración a aplicar nuevos filtros durante las entrevistas para determinar si una persona cumple con los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera con México.
Las autoridades podrán impedir que alguien solicite asilo si consideran que esa persona representa un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública. "Este tipo de medida busca acelerar las deportaciones", comenta desde California a EL UNIVERSAL Norma Salom, abogada especialista en inmigración. "Hasta ahora, después de la entrevista inicial, conocida como ´entrevista de miedo creíble´, las personas que piden asilo pueden permanecer en territorio estadounidense hasta que un juez de inmigración decida sobre la validez de su caso. Sin embargo, el objetivo es reducir la cantidad de personas que solicitan asilo de esta manera".
Actualmente, la mayoría de los solicitantes de asilo en EU "pasan a una siguiente fase después de la entrevista conocida como ´de temor creíble´ y es hasta la etapa de adjudicación de méritos que se decide si pueden representar un peligro para EU o no". Incluso, quienes son considerados un riesgo para la seguridad nacional o pública, pueden esperar su juicio dentro de territorio estadounidense, que a estas alturas están tardando años. "Por lo general las personas no acuden a su cita frente al juez el día señalado y permanecen en EU de manera indocumentada".
La nueva reglamentación va a permitir tomar una decisión en la entrevista inicial. Si la persona solicitante de asilo tiene algún antecedente delictivo, será rechazada y deportada de inmediato.
También lo serían, de acuerdo con algunos medios, aquellos cuya solicitud ya fue rechazada en el pasado; quienes sean familiares de migrantes inadmisibles al asilo o quienes el entrevistador de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) considere que puede convertirse en un peligro para la seguridad nacional o pública, o si lo identifica como terrorista o miembro de alguna organización criminal.
Los tribunales de inmigración estadounidenses que atienden los casos de peticiones de asilo tienen un retraso de 1 millón 300 mil expedientes. "Un retraso en esos términos se traduce en por lo menos tres años de espera para cada solicitante", comenta Salom.
"En esos tres años ya aprendimos, ya registramos una empresita o tramitamos nuestro ´itin´ —registro para el pago de impuestos—, pagamos nuestros impuestos y estamos trabajando —sin permiso gubernamental— y ganando nuestro dinerito", dice a este diario un indocumentado que entró a la Unión Americana solicitando asilo en 2021 y que recientemente debía presentarse en corte frente a un juez de inmigración y decidió no asistir y quedarse en calidad de indocumentado.
La nueva normativa no entrará automáticamente en vigor: se abrirá un periodo de comentarios al público antes de su implementación definitiva; se calcula que estaría lista para implementarse a finales de esta primavera o principios de verano.
Las medidas llegan en un año de elecciones en el que la inmigración es uno de los temas centrales. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos para Latinoamérica, las nuevas medidas migratorias podrían resultar en la devolución de personas que huyen de la persecución. "Decenas de migrantes que verdaderamente corren peligro de muerte en sus países de origen podrían perder la vida al ser devueltos por una sospecha infundada de las autoridades de inmigración" del CBP, señala a este medio un vocero de la organización. "Estas acciones podrían afectar de una manera especial y desproporcionada a los migrantes negros, morenos e indígenas que ya viven marginados globalmente".
WOLA destacó que "cualquier acción ejecutiva para limitar el acceso al asilo podría carecer de fundamentos legales sólidos sin respaldo legislativo y podría enfrentar posibles demandas legales". La organización ha abogado por soluciones legislativas duraderas en lugar de acciones ejecutivas que podrían ser revocadas o desafiadas en los tribunales.