La Policía lanzó este jueves 8 de febrero un extenso operativo a lo largo del país en contra del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de estado, que incluyó la orden de confiscación del pasaporte del exmandatario y la prohibición de abandonar el país, así como varias disposiciones de captura, 33 de registro y cuatro de prisión preventiva, en diez estados de Brasil.
Las acciones tienen lugar en el marco de una investigación a cargo del juez Alexandre de Moraes por el asalto a las sedes de los tres poderes del país, ocurrido el 8 de enero de 2023, el peor ataque al corazón de la democracia brasileña.
Los hechos ocurrieron solo una semana después de que el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva asumiera el Ejecutivo, una victoria que no fue reconocida por su antecesor, que intentó fallidamente la reelección.
Una fuente de la Policía federal directamente involucrada en la operación señaló que la incautación de pasaportes puede indicar la posibilidad de futuros arrestos y obliga a los sospechosos a permanecer en territorio brasileño para enfrentar cualquier cargo ante la Justicia.
El exjefe de Estado cumplirá la solicitud de entregar su identificación de viaje, indicó el portavoz de la familia Bolsonaro, Fabio Wajngarten, luego de que los agentes visitaran la casa de playa del expresidente este jueves y le solicitara la entrega de ese documento.
Asimismo, Bolsonaro ha sido informado de que no podrá comunicarse con ninguno de los involucrados en la pesquisa, ni siquiera a través de sus abogados.
La pesquisa de las autoridades apunta a que antiguos miembros del gobierno de Bolsonaro y militares conformaron una organización criminal que coordinó acciones para intentar mantener al líder político en el poder, pese a su derrota electoral.
Según la decisión del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes que desencadenó la operación de este jueves, en noviembre de 2022 Bolsonaro recibió un proyecto de decreto para revocar los resultados electorales y emitir órdenes de arresto contra Moraes, el también magistrado del tribunal supremo, Gilmar Mendes, y el líder del Senado, Rodrigo Pacheco.
A petición de Bolsonaro, el proyecto de decreto fue modificado, pero se mantuvo el arresto de Moraes y la exigencia de nuevas elecciones, según la orden judicial que cita investigaciones policiales.
Después de modificar el decreto, el entonces mandatario convocó a los comandantes militares y los presionó para que presuntamente apoyaran un golpe de Estado, según el relato de la Policía basado en registros telefónicos y testimonios del otrora ayudante de campo del exdirigente del país sobre acuerdos de culpabilidad.