La Corte Suprema de Brasil determinó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) declare ante la Policía en un plazo de 10 días, en el marco de un proceso que investiga la intentona golpista del 8 de enero.
Ese día, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, hacia donde había viajado el 30 de diciembre, aún en su condición de mandatario, con la intención de no entregarle la banda presidencial a Lula.
Los miles de bolsonaristas que asaltaron las sedes de la Corte Suprema, el Parlamento y la Presidencia habían estado durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe, en una actitud antidemocrática que el líder de la ultraderecha no condenó y hasta llegó a avalar.
Por esos sucesos fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales 294 permanece en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.
El Supremo ha incluido a Bolsonaro entre los investigados, a fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, de donde regresó el pasado 30 de marzo, incitó ese movimiento o si incluso tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.
QUÉ PASÓ
Más de dos meses después, los acontecimientos del 8 de enero, cuando cientos de manifestantes pro-Bolsonaro invadieron los palacios del poder en Brasilia, parecen haberse convertido ahora en un problema para todos, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo han sido desde el principio para el ex presidente Jair Messias Bolsonaro, quien, a pesar de haberse ido a vivir a Florida a finales de diciembre, ha sido acusado de ser el principal inspirador de los hechos. Teniendo en cuenta que a estos cargos se suman ahora los de presunta malversación de joyas recibidas como regalo del Reino de Arabia Saudita, según el sitio de noticias UOL, la policía federal podría pedir su detención si no regresa a Brasil antes de abril. Su posible condena por el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo convertiría en inelegible.
Su detención, por otra parte, sería un problema para el nuevo gobierno, que según rumores de la prensa brasileña está de hecho en su contra, porque acentuaría la polarización que ya ha dividido al país durante la campaña electoral y convertiría a Bolsonaro en una víctima, si no en un mártir.
El único que permanece en la cárcel es el ex ministro de Justicia Anderson Torres, que pasó a ser secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el que se encuentra Brasilia.
Fue detenido el 14 de enero por supuesta omisión durante las depredaciones del 8 de enero, que se produjeron mientras él también se encontraba en Florida de vacaciones. Hace unos días el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes lo autorizó a declarar el 16 de marzo en la investigación del TSE contra Bolsonaro.