El Parlamento francés votó a favor de modificar la Constitución de 1958 para consagrar la "libertad garantizada" de las mujeres a abortar.
De acuerdo a los datos recolectados en una encuesta, alrededor del 85% de la población francesa apoya la reforma.
Antes de la votación, el primer ministro, Gabriel Attal, afirmó que el derecho al aborto peligraba y "a merced de quienes toman las decisiones", justificando así el esfuerzo del gobierno para protegerlo.
En Francia, el derecho al aborto está consagrado por ley desde 1975.
Desde entonces, la ley se ha actualizado nueve veces, siempre con el objetivo de ampliar el acceso.
En una sentencia de 2001, ese consejo basó su aprobación del aborto en la noción de libertad consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que técnicamente forma parte de la Constitución.
El presidente Emmanuel Macron fue acusado de utilizar la Constitución con fines electorales, por su apoyo activo a esta reforma.
Los críticos afirman que es innecesaria esta modificación, y acusan al presidente de intentar utilizar la causa para impulsar su credibilidad como político de izquierda.
Francia se une así a otros países que reconocen este derecho, como varios países de los Balcanes y Cuba, que hacen referencia a los "derechos reproductivos" en su Constitución.
Sin embargo, en algunos países como República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador, el aborto está prohibido constitucionalmente.
La protección del derecho al aborto en la Constitución francesa ha sido bien recibida por muchos en el país. Sin embargo, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano expresó este lunes su postura en contra de considerar el aborto como un derecho, argumentando que poner fin a una vida humana no puede ser legitimado.
"La Pontificia Academia para la Vida reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales no puede haber un 'derecho' a suprimir una vida humana", señala en un comunicado.