El juicio que arranca este martes contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, causa nerviosismo en México y Estados Unidos. "No tienen el caso ganado [en el Departamento de Justicia de Estados Unidos]", asevera a EL UNIVERSAL el abogado internacionalista Jaime Ortiz, especialista y consultor en temas jurídicos.
"A lo mejor tienen muchas evidencias, pero García Luna también trae su defensa a través de pruebas. Y si bien es cierto que las estadísticas muestran que cada vez que el gobierno federal [estadounidense] enjuicia a algún alto funcionario extranjero, tienen 90% o más de ganar, en este caso no parece estar suficientemente seguro".
Según la defensa del acusado, el gobierno de EU no ha presentado ninguna prueba sobre las alegaciones que le imputan a García Luna; son tres cargos por conspiración para tráfico de cocaína con el Cártel de Sinaloa, por la que presuntamente recibió millones de dólares; y un cuarto cargo por asociación delictuosa con el mismo grupo. También se le acusa de mentir en su proceso para la residencia estadounidense.
Los fiscales dijeron que han logrado acumular 955 mil hojas de pruebas escritas, así como audios, videos y testimonios recogidos en México, República Dominicana, Panamá y Colombia sin que hasta el momento alguno de estas pruebas se haya hecho público o se haya mostrado a los abogados defensores.
Para el abogado Ortiz llama la atención "que han tardado tanto tiempo en llegar a un juicio, ya van tres años y apenas lo van a iniciar; lo cual para mí es un indicativo de que, al menos al inicio, las pruebas que no tenían lo suficientemente sólidas". Es decir, no se sostenían por sí mismos y los fiscales tuvieron que buscar más evidencia para enfrentar el juicio y necesitaron tiempo.
García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, cuando estaba por abordar un avión comercial que lo llevaría a Miami, Florida, donde residía. Quedó en custodia de los US Marshals y está bajo jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde el 3 de enero de 2020 se declaró inocente, lo que abrió la puerta para un juicio.
El Departamento de Justicia considera que desde 2001 y hasta 2020, aun después de retirado de la vida pública, García Luna continuó en actividades de narcotráfico. El 11 de noviembre, el juez federal que lleva el caso, Brian Cogan, rechazó una solicitud de la defensa de García Luna para que desechara las sospechas contra su cliente, debido a que, aparentemente, los fiscales no tienen las pruebas suficientes y tampoco han querido dárselas a conocer para la defensa; alguna de las alegaciones, dicen los defensores, ya caducaron.
El pasado 9 de diciembre se cumplió el plazo acordado para que la fiscalía de Nueva York entregara a los abogados de García Luna la lista de las pruebas documentadas y testimoniales. El juez Cogan se comprometió a darles a conocer la identidad de los testigos que están presentes, tres días antes de la primera audiencia. Se ha hablado de 15 testigos más uno denominado "testigo cooperante". Los fiscales presentados a la defensa de la identidad de éste, 24 horas antes de la primera audiencia. Un "testigo cooperante", está protegido, es un reo útil para el gobierno de EU, que aporta pruebas o testimonios para lograr condenar a otro delincuente de mayor envergadura. Algunos medios hablan de seis testigos cooperantes.
"No me extrañaría que el testigo cooperante, al menos uno (...) al que se refiere y guardan con tanto celo sea el mismísimo Édgar Valdez, La Barbie, pero eso estará por verso", dice el analista Jaime Ortiz. "Ya no está bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones, tampoco está libre; así sucede generalmente cuando a alguien lo hacen testigo protegido".
Quien sí parece estar en esa lista de testigos cooperantes, de acuerdo con la fiscalía, es Jesús El Rey Zambada, hermano del fundador del Cártel de Sinaloa; su participación en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán ayudó para que fuera condenado.
elección del jurado
Se habló de dos fechas, 9 y 17 de enero. El 9 de enero, la corte entregó cuestionarios que deben ser respondidos por 400 personas, frente al juez Brian Cogan, quien fue el juez que llevó el juicio y condenó a "El Chapo".
El 17 de enero, de los 400 elegidos y después de haber sido entrevistados, en la mañana terminarán a 30 seleccionados ante la magistrada Peggy Kuo, y por la tarde otros 30. De 60, se retirará a 48 y es que se conformará el jurado de 12 ciudadanos. Ortiz, quien ha seguido muy de cerca este y otros casos de mexicanos de alto perfil en juicios contra eventuales narcos en EU, tiene muy claro que "no será un juicio como otros que he seguido y presenciado, lamentaría mucho que alguien como García Luna saliera libre por falta de pruebas o que, en su caso, recibiera una sentencia muy baja; en mi experiencia, todo indica que hay 50% de que pudiera suceder; sería como un volado".
El nerviosismo del gobierno estadounidense se centra en tres puntos. "Les preocupa la cantidad de reconocimientos que le dieron a García Luna entre 1996 y 2011; reconocimientos de los más importantes reconocimientos por gobiernos y organizaciones", subraya Ortiz, "y no es para menos, la DEA y el FBI lo reconocieron y premiaron en su momento". El segundo punto de preocupación es que la defensa podría presentar material gráfico donde su cliente, acusado de narcotráfico en diversas modalidades y asociación delictiva con el Cártel de Sinaloa, aparece en fotografías y videos con importantes políticos estadounidenses; como Janet Napolitano, Hillary Clinton, John McCain y Eric Holder, entre otros.
De ahí que el fiscal Breon Peace presentara una moción de nueve páginas el pasado 28 de diciembre, en la que pide que se prohíba a la defensa de García Luna presentar, en el juicio, declaraciones después de su arresto y material gráfico donde apareció al lado de funcionarios de la UE. "Es natural que García Luna apareció al lado de políticos y funcionarios, ejercía un cargo público de alto nivel en el gobierno mexicano. Lo que tendrán que responder a quienes acusan, es si ya sabían o sospechaban que el acusado estaba coludido con el narcotráfico", señala el analista.
La fiscalía también solicita que por ningún motivo se permita que el acusado y sus defensores atraigan el caso de lo sucedido con el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, señalado por colaborar con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa. "En este caso, lo soltaron porque la DEA definitivamente no tenía las pruebas suficientes para sostener la acusación y no pueden ir más lejos", explica Ortiz, "pero por las características, la defensa de García Luna seguramente va a intentar hacer una radiografía para sobreponer una con otra, señalando que se trata de una situación exactamente igual".
García Luna inició su carrera política y de seguridad en 1989 cuando se dio de alta en el ya inexistente Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, conocido como el Cisen; tenía apenas 21 años; 10 años después ingresó a la extinta Policía Federal Preventiva; Inició como Coordinador General de Inteligencia para la Prevención sobre Delitos Federales. Más de un año después, en el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada, se integró a la Agencia Federal de Investigación como coordinador general, dependencia donde se desempeñó hasta 2006, al término del sexenio foxista.
No tardó en reincorporarse al gobierno federal mexicano, en la misma área de seguridad nacional, al ser nombrado Secretario de Seguridad Pública en 2006, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, dejando el cargo al término del mismo en 2012; año que marca su retiro de la vida pública y se va a vivir a Miami. Desde entonces y hasta antes de su detención asegura que se dedicó a dar consultorías sobre seguridad, ciberseguridad y sistemas de investigación. Por su trayectoria, entre la década de los 90 y hasta 2012, recibió importantes reconocimientos de diversos gobiernos y organizaciones; incluye la DEA, el FBI, Naciones Unidas e Interpol, además de Colombia, Ecuador y España, entre otros gobiernos.
"Me atrevería a decir que si la Procuraduría estadounidense no tiene pruebas contundentes para darle la sentencia de cadena perpetua o muchos años de cárcel, lo que va a suceder es que le darán una corta, 3 o 4 años y como ya lleva 3, saldrá rápido", dice Ortiz. "Ojalá me equivoque".