FLORIDA.- En el primer minuto de este sábado entra en vigor la ley HB1718, en Florida, considerada la más antiinmigrante jamás firmada en la Unión Americana. Familias "se llevaron consigo su mano de obra, su entrega al trabajo y su amor a la tierra donde vivían", dice cabizbaja Sonia Moreno, líder de Florida Inmigrant Coalition (FIC): "Pero estamos en la lucha para los que se quedan y los que quieran volver".
El gobernador Ron DeSantis firmó la norma el 10 de mayo. "En un estado como Florida, donde su población migrante es enorme, es muy sorprendente que esto esté ocurriendo", dijo a EL UNIVERSAL el cónsul general de México en Miami, Jona- than Chait, "desde mayo, inmediatamente activamos [los grupos de información] buscando las comunidades más alejadas también, donde tenemos concentraciones de trabajadores agrícolas o de construcción o en turismo". El programa que se creó es Conoce tus Derechos.
El gobierno mexicano ha desarrollado una estrategia, la cual fue explicada a este medio por Vanessa Calva, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior.
"No somos directamente nosotros como autoridad [mexicana] la que está poniendo un recurso [legal] ante una corte, aquí en EU (...) Lo hacen las organizaciones [proinmigrantes] que también tienen esta preocupación"; recordó que en Arizona con la ley 1060 tuvieron que enfrentarse a una situación similar. "Vamos a estar acompañando a estas organizaciones [aquí en Florida]".
"Estábamos esperando que llegara este día para comenzar a promover las primeras demandas", explica a este medio una vocera abogada de ACLU: "el proceso a partir de ahora tarda alrededor de 30 días y una vez archivada, comenzamos a pelear. Estamos buscando que un juez federal invalide la ley porque hay provisiones en ella que chocan con leyes federales".
Para líderes comunitarios, esta ley "es una herramienta para construir un camino que gane adeptos y votos a favor de los conservadores republicanos", explica Soraya Márquez, de Mi Familia Vota en Florida, "tenemos un gobernador con aspiraciones presidenciales que está tratando de enviar un mensaje muy claro a la derecha extrema, a través de este tipo de leyes y que se identifican con este tipo de acciones. Lamentablemente esto es sólo el principio de muchas otras cosas que él va a querer hacer contra nuestras comunidades. Esta ley es como el detonante para Florida, de lo que pasó en Arizona y California para crear un movimiento conservador antiinmigrante, especialmente en una época electoral".
"El gobernador hace esto por su ambición política desmedida", dice la activista Moreno, "pero la realidad de sus acciones va a hacer que tope con pared. La mano de obra se está debilitando, los dueños de tierras y de constructoras tienen más miedo que sus propios trabajadores por el dinero que van a perder y así la bola de nieve se va a ir haciendo más y más grande hasta caerle encima al gobernador". Calva indica que "hay esta preocupación adicional de cómo este tipo de legislación no nada más impacta lo que hemos platicado, también la relación positiva entre México y Florida".
"DeSantis va a ser responsable de la crisis económica que se avecina en Florida", comenta Márquez; "y le va a suceder en campaña presidencial".
El Migration Policy Institute confirmó a este diario que "tan sólo el primer año [de estar en vigor la HB1718], Florida perdería más de 1% del Producto Interno Bruto", lo que se traduce en más de 12 mil millones y medio de dólares.
La ley HB1718, en términos generales, consiste en multas y penalizaciones más fuertes para todo tipo de compañías que contraten a indocumentados.
La nueva ley no sólo afecta "a cualquier persona que tenga alguna relación directa o indirecta con ellos", explica el abogado José Jordán, especialista en inmigración. "Uno de los puntos de esta ley habla sobre quienes transporten hacia Florida a indocumentados o dentro del estado, serán considerados criminales en tercer grado y podrían alcanzar hasta cinco años de cárcel y 5 mil dólares de multa por indocumentado transportado".
Varios condados han declarado que, al menos de momento, no van a poner en marcha la nueva ley debido a los gastos que implica. "El gobernador DeSantis quizá no se detuvo a checar cuánto iba a costar aplicar su ley y francamente es muy costoso", comenta el abogado Jordán; "solamente tener encarcelada a cada persona que fuera señalada como transportadora de un indocumentado, aun cuando se tratase de su abuelita o de su papá, resulta carísimo".