El gobierno talibán en Afganistán ha oficializado un nuevo paquete legislativo que incluye más de 30 directrices basadas en la Sharia y las normas morales fundamentalistas, endureciendo aún más las restricciones impuestas desde su llegada al poder hace casi tres años.
Entre las medidas más controvertidas se encuentran la prohibición para los hombres musulmanes de cortarse la barba y la restricción para las mujeres de recitar o cantar en público.
Además, el documento de más de 100 páginas promulga 35 nuevos artículos sobre "el vicio y la virtud", imponiendo estrictas normativas sobre el uso obligatorio del hiyab, limitaciones al movimiento de las mujeres, y regulaciones que afectan a los medios de comunicación.
Uno de los artículos más impactantes prohíbe a las mujeres alzar su voz en público, lo que incluye cantar, recitar o hablar por un micrófono en espacios abiertos.
Además, se prohíbe a los conductores transportar mujeres sin la compañía de un hombre y se exige que cubran su rostro completamente, mientras se prohíben las prendas ajustadas, el maquillaje y el uso de perfumes.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo por "ordenar el bien y prohibir el mal", según el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que también se encarga de la "paz y fraternidad" en la sociedad, según declaraciones de Barkatullah Rasooli, portavoz del Ministerio de Justicia afgano.
Las restricciones no solo afectan a las mujeres; los hombres también enfrentan nuevas prohibiciones. El artículo 22 del paquete legislativo prohíbe el uso de corbatas, así como cortarse la barba por debajo de la longitud de un puño, imponiendo un control sobre la apariencia personal de los hombres. Mohammad Khalid Hanafi, ministro de la Virtud y el Vicio, declaró que la implementación de la Sharia y el hiyab es una "línea roja" para el gobierno talibán, subrayando que no habrá negociaciones en torno a estas medidas.
El Movimiento de Mujeres por la Paz y la Libertad ha calificado la nueva legislación como un "apartheid de género", y ha hecho un llamado a las Naciones Unidas para que intervenga y detenga la implementación de estas leyes.