El mal día de Biden, entre reveses sanitario y electoral

Biden anunció en septiembre que haría obligatoria la vacunación anti-Covid en las grandes empresas privadas.

Washington.,DC.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo ayer un mal día: la Corte Suprema bloqueó un mandato de vacunación para las empresas y el mandatario dijo "no estar seguro" de poder salvar su reforma sobre acceso al voto. Biden se declaró "decepcionado" por la decisión de la Corte de anular su orden de que las empresas con más de 100 empleados exijan dosis contra el Covid-19 o hagan pruebas de detección del virus a sus trabajadores. "Estoy decepcionado de que la Corte Suprema haya decidido bloquear unos requisitos de sentido común (...) para los empleados de grandes empresas, que se basaban lisa y llanamente tanto en la ciencia como en la ley", dijo en un comunicado. Biden saludó que la Corte haya dejado en firme el requisito de que el personal sanitario de instituciones que reciben fondos federales sea inyectado y declaró que esto afectará a unos 10 millones de personas y "salvará vidas". Biden anunció en septiembre que haría obligatoria la vacunación anti-Covid en las grandes empresas privadas. Los empleados sin el biológico tendrían que presentar pruebas negativas semanales y usar mascarillas en el trabajo. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), una agencia federal, dio a las empresas hasta el 9 de febrero para cumplir con las reglas o atenerse a multas. Pero los seis jueces conservadores de la Corte Suprema dictaminaron que el mandato representaría una "invasión significativa en la vida y la salud de una gran cantidad de empleados". Los tres jueces progresistas discreparon, señalando que el fallo "obstaculiza la capacidad del gobierno federal para contrarrestar la amenaza sin precedentes que representa el Covid-19 para los trabajadores de nuestra nación". En otro golpe, a su salida de un almuerzo con los senadores demócratas, Biden pareció aceptar que había pocas posibilidades de que se aprobaran las dos leyes de protección electoral. Los progresistas quieren someter a debate en el Senado dos proyectos de ley para garantizar el derecho a voto, pero se enfrentan a una férrea oposición republicana.