El gobierno de Venezuela ha desplegado 1,200 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país con el fin de garantizar la paz y la seguridad de cara a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero.
Según informó el viernes el Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEO-FANB), el operativo tiene como objetivo proteger la integridad del pueblo venezolano y asegurar que el mandatario reelecto cumpla con su juramentación sin alteraciones.
El coronel Alexander Granko Arteaga, miembro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), detalló en un video publicado por el CEO-FANB en Instagram que el despliegue de los mil 200 efectivos es parte de las acciones del gobierno para proteger la "revolución" y combatir cualquier amenaza que pueda poner en peligro el proceso de toma de posesión.
"Vamos a garantizar la paz del país, vamos a darle seguridad al pueblo, vamos a garantizar que el 10 de enero se juramente el presidente", expresó el oficial.Granko Arteaga también hizo mención a las operaciones previas contra lo que llamó "mercenarios", asegurando que estas acciones han dado resultados fructíferos, y subrayó que no se permitiría ningún intento de sabotaje en este evento.
El gobierno venezolano ha mantenido su discurso sobre la necesidad de proteger el orden constitucional, a pesar de las tensiones políticas internas y la falta de reconocimiento por parte de sectores de la oposición.
El actual presidente Nicolás Maduro, quien fue autoproclamado como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha reiterado que se presentará el próximo 10 de enero ante la sede del Parlamento, controlado por el chavismo, para jurar como mandatario reelecto para un período de seis años más.
Esta toma de posesión se llevará a cabo en medio de la controversia generada por la denuncia de fraude electoral por parte de la oposición.
La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha rechazado los resultados de las elecciones y sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador.
González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024, ha prometido regresar a Venezuela para participar en la toma de posesión y ha llamado a sus seguidores a unirse en el "compromiso" de hacer valer el "mandato electoral".
En medio de la creciente tensión, la Policía Nacional de Venezuela ha lanzado una recompensa de 100,000 dólares por información sobre el paradero de González Urrutia.
Esta recompensa, inicialmente fijada en 500,000 dólares y posteriormente rebajada a 100,000, ha sido publicada en redes sociales por varias instituciones de seguridad, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El opositor es acusado de delitos como "complicidad en el uso de actos violentos contra la república, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir".
Las acusaciones se enmarcan en el contexto de las tensiones políticas que continúan marcando la situación interna del país, en la cual la polarización entre el gobierno y la oposición.