Policías y militares desbloquearon el viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien ha recibido un espaldarazo de Estados Unidos.
El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.
A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron escombros, troncos de árboles y piedras que cortaban una vía estratégica al sur de La Paz.
Los uniformados, con equipos antidisturbios y seguidores de tractores, llegaron en la mañana a la ruta periférica al sur de La Paz para rehabilitar el tránsito de pasajeros y carga desde comunidades agrícolas.
Las zonas proveen verduras y hortalizas en La Paz y El Alto, en severa escasez por los bloqueos. Tras el operativo conjunto, cientos de automóviles, autobuses y camionetas con pasajeros y carga volvieron a circular.
Militares patrullaron por cerros cercanos ante versiones que grupos de manifestantes se escondieron para luego volver a bloquear. Unos tres fueron detenidos por la policía.
Antes de ese operativo, cientos de personas han tenido que caminar varios kilómetros desde La Paz hacia las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo para abastecerse de verduras y otros alimentos. Paz se desplazó al lugar tras el operativo, dirigido en el terreno por el propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y reiteró, en declaraciones a la prensa, su llamado a la "no confrontación sino al diálogo".
Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenario de bloqueos extendidos por el país.
Los campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros en protesta pedían inicialmente una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas, pero ahora exigen su renuncia.
El proyecto de ley sobre estado de excepción, aprobado en el Senado y que podría ser ratificado el sábado por la Cámara de Diputados, establece que los militares "gozarán de presunción de legalidad" y que la responsabilidad de su actuación será del gobierno.