El Departamento de Justicia demandó el jueves al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago, en busca de bloquear las protecciones estatales y locales para los inmigrantes indocumentados que, según la administración Trump, están impidiendo los esfuerzos federales de control de inmigración.
La demanda federal es la primera del Departamento de Justicia del presidente Donald Trump contra estados o municipios que tienen políticas de ciudades santuario vigentes.
Cabe recordar que el fiscal general adjunto interino Emil Bove advirtió en un memorando durante los primeros días de la administración Trump que los funcionarios de las “ciudades santuario” podrían enfrentar acciones legales si entorpecían las leyes federales de inmigración.
En ese sentido, la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois alega que múltiples leyes estatales y locales están “diseñadas para interferir y discriminar contra la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del Gobierno Federal”.
Además, la demanda de 22 páginas, llega un día después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitiera una directiva de jurisdicción santuario en su primer día de trabajo, alegó que las políticas de santuario implementadas por el estado de Illinois, la ciudad de Chicago y el condado de Cook “obstruyen” al gobierno federal de hacer cumplir las leyes de inmigración.
“Las disposiciones impugnadas de la ley de Illinois, Chicago y el condado de Cook reflejan su esfuerzo intencional por obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del gobierno federal e impedir la consulta y comunicación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal, estatal y local, que es necesaria para que los funcionarios federales implementen la ley federal de inmigración y mantengan a los estadounidenses seguros”, se lee en la demanda.
La demanda es el último recurso que utiliza la administración Trump en su rápido avance en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
La demanda hace referencia específicamente a la “Ley de Confianza” de Illinois, la “Ordenanza de Ciudad Acogedora” de Chicago y la “Política para Responder a las Detenciones del ICE” del Condado de Cook.
La Ley de Confianza de Illinois, promulgada en 2017, “impide que las fuerzas del orden estatales y locales ayuden al gobierno federal con la aplicación de las leyes de inmigración civil, pero permite la coordinación cuando existe una orden penal federal”.