Washington, EU.- Cuando termine la emergencia de salud pública por el COVID-19 en Estados Unidos el próximo mes, aún tendrá acceso a una multitud de pruebas, pero con una gran diferencia: quién las paga.
Por primera vez, es posible que deba hacerse cargo de algunos o todos los costos, según la cobertura del seguro y si las pruebas se realizan en casa o en el consultorio de un médico.
Pero todavía hay tiempo para obtener algunas pruebas gratuitas antes del cambio del 11 de mayo, y aún podría haber pruebas gratuitas disponibles después. Algunos gobiernos estatales y locales pueden continuar distribuyendo pruebas caseras gratuitas a través de clínicas, bibliotecas y centros comunitarios. Y el gobierno federal, por ahora, sigue enviando pruebas gratuitas a través del Servicio Postal de EU a los hogares que aún no han recibido dos envíos.
¿Qué significa el fin de la declaración de emergencia del Covid?
Los mayores cambios serán para las pruebas de venta libre, que representan la gran mayoría de las pruebas de detección en los EU en la actualidad.
Desde principios de 2021, el gobierno federal ha requerido que todas las aseguradoras privadas cubran hasta ocho pruebas de Covid-19 por mes. Ese requisito pronto desaparecerá. La cobertura también está programada para expirar para decenas de millones de personas mayores en el programa Medicare del gobierno federal, aunque algunos miembros del Congreso están presionando para extender el beneficio.
Si bien algunas aseguradoras privadas pueden continuar cubriendo todas o algunas de las pruebas en el hogar, ya no habrá una regla a nivel nacional.
Los estadounidenses también pueden esperar pagar más por cualquier prueba de COVID-19 realizada en un hospital, clínica o consultorio médico.
Se ha prohibido a las aseguradoras cobrar copagos o cualquier otra tarifa de costos compartidos relacionada con las pruebas de COVID-19. Ese requisito también termina el próximo mes.
Si bien las aseguradoras aún cubrirán los costos básicos de las pruebas, algunas personas podrían enfrentar nuevas tarifas.
Las vacunas y los medicamentos contra el COVID-19 seguirán siendo gratuitos porque no los paga el seguro, sino el gobierno federal. Una preocupación es que la incertidumbre sobre los costos de las pruebas podría provocar retrasos en el tratamiento. Los tratamientos actuales para pacientes de alto riesgo, como Paxlovid, generalmente deben tomarse dentro de los primeros días de los síntomas para que sean efectivos.
Estados Unidos luchó por desarrollar su capacidad de fabricación de prueba durante los dos primeros años de la pandemia, y la demanda disminuyó después de cada aumento. A los expertos les preocupa que el país pueda volver a ser sorprendido después de que el gobierno federal deje de comprar pruebas a granel.