Israel ha sido duramente criticado tras detener el ingreso de bienes y suministros a la Franja de Gaza el domingo, advirtiendo que habrá "consecuencias adicionales" si Hamás no acepta una nueva propuesta para extender el frágil alto el fuego.
Egipto y Qatar, los principales mediadores del conflicto, acusaron a Israel de violar las leyes humanitarias al emplear el hambre como arma de presión.
Durante la primera fase del alto el fuego, que comenzó el 19 de enero, se registró un aumento significativo en la entrada de ayuda humanitaria, aliviando en parte la grave crisis alimentaria en Gaza.
Sin embargo, al finalizar esta etapa, Hamás acusó a Israel de obstaculizar la siguiente fase del acuerdo y calificó la suspensión de la ayuda como "un crimen de guerra y un ataque flagrante" contra la tregua negociada durante un año.
La segunda fase del acuerdo contempla la liberación de los rehenes restantes a cambio del retiro de las tropas israelíes y un alto el fuego permanente.
Israel anunció que una nueva propuesta presentada por Estados Unidos ampliaría el cese de hostilidades durante todo el Ramadán y la Pascua judía, que concluye el 20 de abril.
Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, Hamás debería liberar a la mitad de los rehenes en el primer día y al resto tras acordar un alto el fuego definitivo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que el colapso del acuerdo podría provocar una crisis humanitaria aún mayor, mientras que el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, calificó la decisión israelí de "alarmante".
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó a Israel de utilizar la ayuda humanitaria como herramienta de negociación, algo que calificó de "inaceptable" e "indignante".
Cinco organizaciones no gubernamentales presentaron una solicitud ante la Corte Suprema de Israel para obligar al Estado a reabrir los accesos de ayuda a Gaza, argumentando que su bloqueo viola la legislación internacional.
El cierre de los suministros ha provocado que los precios de los alimentos se dupliquen, exacerbando la crisis en Gaza, donde la mayoría de los 2 millones de habitantes depende de la ayuda humanitaria.
En el campamento de refugiados de Jabaliya, la residente Fayza Nassar advirtió que esta medida conducirá a la hambruna y al caos.
Mientras tanto, Hamás reiteró que el único camino para la liberación de los rehenes es la implementación del acuerdo ya pactado y advirtió sobre las consecuencias humanitarias de cualquier retraso.
Familiares de los rehenes israelíes aumentaron la presión sobre su gobierno, exigiendo avances en las negociaciones.
Lishay Miran-Lavi, esposa del rehén Omri Miran, urgió a las autoridades a no posponer el acuerdo, señalando que "los rehenes no tienen tiempo para esperar por el acuerdo ideal".
A lo largo del conflicto, Israel ha sido señalado de bloquear la entrada de ayuda, flexibilizando sus restricciones solo bajo presión de Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional ya había señalado en 2023 que existían indicios de que Israel utilizaba el hambre como táctica de guerra, lo que llevó a una orden de arresto contra Netanyahu.
Además, la acusación es clave en la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de genocidio.
Por su parte, Israel rechaza las acusaciones y sostiene que ha permitido el ingreso suficiente de ayuda, culpando a la ONU y a Hamás de la crisis humanitaria.
Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás atacaron el sur de Israel y tomaron 251 rehenes, la ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 48.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La guerra ha dejado gran parte del enclave en ruinas y ha desplazado al 90% de su población, en medio de crecientes llamados internacionales a un cese definitivo de las hostilidades.