Israel interrumpió el suministro eléctrico en la Franja de Gaza, afectando gravemente a una planta desalinizadora que proporciona agua potable a miles de personas en el centro del territorio.
La medida es parte de la presión israelí sobre Hamás para que acepte extender la primera fase del alto el fuego, pero el grupo militante denunció la corte como una "política de hambruna".
Además, la crisis se agrava luego de que Israel suspendiera la entrada de bienes al enclave palestino, una táctica similar a la utilizada al inicio de la guerra.
Hamás exige negociaciones para una segunda fase de tregua que incluya la liberación de los rehenes restantes, el retiro de las tropas israelíes y una paz duradera.
Sin embargo, Israel busca la liberación de al menos la mitad de los cautivos antes de avanzar en otros acuerdos.
Las restricciones han dejado a Gaza sin suministro eléctrico estable, con hospitales y otras infraestructuras esenciales dependiendo de generadores.
La organización israelí Gisha advirtió que la planta desalinizadora de Deir al-Balah, que antes producía 18,000 metros cúbicos de agua potable al día, ahora solo podrá generar 2,500 con generadores.
Por lo que, las medidas de Israel han recibido críticas internacionales. La ONU alertó que bloquear el acceso a bienes esenciales podría constituir un castigo colectivo, mientras que la Corte Penal Internacional señaló el uso del hambre como "método de guerra" en su investigación contra el primer ministro Benjamin Netanyahu.