La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó el viernes una reforma constitucional que otorga un control absoluto de los poderes del Estado al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.
La iniciativa, presentada por el mandatario Ortega días antes, fue aprobada por unanimidad, según informó el jefe parlamentario Gustavo Porras.
La reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y eleva a Murillo al rango de "copresidenta", otorgándole el mismo nivel de poder que su esposo.
El texto aprobado redefinirá la estructura de poder en Nicaragua, estableciendo que los copresidentes coordinarán los órganos legislativo, judicial, electoral y de control, eliminando su independencia constitucional.
Además, el gobierno tendrá facultades para "vigilar" a la prensa y la Iglesia, justificando estas acciones como una medida contra "intereses extranjeros".
La reforma también oficializa el retiro de la nacionalidad a los considerados "traidores a la patria", una práctica que ha afectado a más de 450 opositores en los últimos años.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la creación de una "policía voluntaria" integrada por civiles, que funcionará como un cuerpo auxiliar de las fuerzas de seguridad.
Esta iniciativa recuerda a las milicias que actuaron durante la represión de las protestas de 2018, las cuales dejaron un saldo de 320 muertos según la ONU.
Sin embargo, la reforma también redefine a Nicaragua como un Estado "revolucionario" y "socialista" e incluye la bandera rojinegra del FSLN entre los símbolos patrióticos.
El mandatario de 79 años, quien gobernó por primera vez tras la revolución sandinista en 1979 y regresó al poder en 2007, se ha enfrentado a duras críticas por lo que los opositores califican como una dictadura y un régimen de nepotismo.
Ortega y Murillo radicalizaron su control tras las protestas de 2018, intensificando la represión contra críticos y sectores independientes.
Analistas y organismos internacionales han advertido sobre el impacto de esta reforma en la democracia de Nicaragua.
La ampliación de poderes a Ortega y Murillo, junto con las restricciones a la prensa y la sociedad civil, profundizan el aislamiento del país en el ámbito internacional y agravan la crisis política del país.