La Asamblea Legislativa del país latinoamericano, El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la trigésima ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Con 57 votos a favor de un total de 60, la extensión fue aprobada sin debate legislativo, gracias al respaldo de NI y sus aliados, lo que implica la continuación de la suspensión de derechos constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días.
El Consejo de Ministros justificó la prolongación del régimen de excepción señalando que las medidas extraordinarias han tenido un "exitoso resultado", contribuyendo a la reducción del número de homicidios y a la captura de más de 81.900 personas calificadas como "terroristas".
Según el documento presentado para la aprobación, la prolongación es necesaria para continuar las operaciones de seguridad en curso, a pesar de que el presidente Nayib Bukele ha afirmado que su gobierno ha "sanado" al país de las pandillas.
Sin embargo, la decisión de mantener el régimen de excepción ha generado controversia, ya que la Constitución salvadoreña estipula que una vez superada la situación que justificó su implementación, la medida debe ser levantada.
A pesar de estas disposiciones, el régimen se ha convertido en la principal herramienta del Gobierno contra las pandillas y ha jugado un papel clave en la reelección inmediata de Bukele, a pesar de la prohibición constitucional.
Organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por los efectos del régimen de excepción en los derechos humanos.
Según informes, se han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones de derechos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, se reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia, lo que ha aumentado las críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El régimen de excepción fue inicialmente aprobado tras una ola de violencia que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana a finales de marzo de 2022.
Investigaciones del medio local El Faro sugieren que esta escalada de violencia fue consecuencia de la ruptura de un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, lo que ha puesto en tela de juicio la transparencia y la efectividad de las medidas adoptadas desde entonces.
Cabe mencionar que a pesar de las diversas críticas, el gobierno de Bukele ha mantenido su postura, defendiendo el régimen de excepción como una medida necesaria para garantizar la seguridad en el país, mientras continúa extendiendo la vigencia de esta política que, según sus detractores, erosiona las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía salvadoreña.