SANTA FE.- Reguladores de seguridad en los lugares de trabajo de Nuevo México impusieron el miércoles la máxima multa posible contra una productora de cine, casi 137.000 dólares, por fallas en la seguridad de las armas de fuego en el set de “Rust”, donde una directora de fotografía murió en octubre de 2021 por el disparo de un arma que sostenía el actor Alec Baldwin.
La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México dijo que Rust Movie Productions debe pagar 136.793 dólares y criticó severamente algunas de las fallas de seguridad que violaron los protocolos de la industria, incluyendo el testimonio de que los encargados de la producción tomaron medidas limitadas o ninguna para atender dos disparos no planeados que ocurrieron antes del accidente fatal. El buró también documentó quejas de seguridad con armas de fuego de los miembros del equipo de producción que no fueron atendidas y dijo que no se permitió a especialistas en armas tomar decisiones sobre capacitación adicional en seguridad.
“Lo que teníamos, según los hallazgos de nuestros investigadores, era un conjunto de peligros obvios para los empleados sobre el uso de armas de fuego y la falta de acción de la dirección sobre esos peligros obvios”, dijo Bob Genoway, jefe de la oficina de seguridad ocupacional.
En un rancho a las afueras de Santa Fe, el 21 de octubre de 2021, Baldwin apuntaba con un arma a la cinefotógrafa Halyna Hutchins en una pequeña iglesia durante los preparativos para la filmación de una escena cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza.
Baldwin dijo a ABC News en una entrevista en diciembre que estaba apuntando a Hutchins siguiendo las instrucciones de ella en el plató del western cuando el arma se disparó sin que él jalara el gatillo.
El nuevo reporte de seguridad laboral confirma que el revólver de gran calibre fue entregado a Baldwin por el asistente de dirección David Halls, sin consultar a especialistas en armas en el plató durante o después de que el arma fuera cargada. Los reguladores señalaron que Halls también fungía como coordinador de seguridad y que estaba presente y atestiguó dos disparos accidentales de rifles en el plató y que él y otros gerentes de la producción, que sabían de esos disparos, no emprendieron acciones para investigarlos, corregirlos o disciplinar a los involucrados. Miembros del equipo de rodaje expresaron su sorpresa e malestar.
“El coordinador de seguridad estaba presente en el set y no emprendió acciones directas para abordar los temores sobre seguridad”, señala el reporte. “Los encargados tuvieron múltiples oportunidades para emprender acciones correctivas y eligieron no hacerlo. Como resultado de estos errores, el director Joel Souza y la cinefotógrafa Halyna Hutchins fueron gravemente heridos. Halyna Hutchins sucumbió a sus heridas”.
Rust Movie Productions dijo a través de un portavoz que refutaría los hallazgos y la sanción.
“Si bien apreciamos el tiempo y el esfuerzo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en su investigación, no estamos de acuerdo con sus hallazgos y planeamos apelar”, dijo Stefan Friedman. Cualquier apelación sería escuchada inicialmente por la junta de seguridad y salud ocupacional del estado.
Un abogado de Baldwin no estaba disponible de momento.
La multa estatal se aplica a una película con un presupuesto de unos 7 millones de dólares. A Baldwin se le asignó un salario de 250.000 dólares como actor y productor y es posible que haya puesto parte de ese dinero en la producción.
Se han presentado al menos cinco demandas relacionadas con el tiroteo, incluyendo una de homicidio culposo por la familia de Hutchins contra Baldwin y los otros productores de la película. La demanda en nombre del viudo Matt Hutchins y su hijo de 9 años alega una indiferencia “insensible” frente a las quejas de seguridad en el set.
James Kenney, secretario del Departamento de Medio Ambiente que supervisa la seguridad laboral, dijo que la agencia dedicó 1.500 horas de personal a su investigación del caso, examinó cientos de documentos y realizó al menos una docena de entrevistas con miembros del elenco y el equipo de producción.
Los investigadores concluyeron que los gerentes de la producción limitaron los recursos para un pequeño equipo que controlaba las armas en el plató y no abordaron las inquietudes sobre una escopeta que se dejó desatendida en dos ocasiones.
La encargada de armas, Hannah Gutierrez Reed, hija de un francotirador y asesor de producciones de cine, estaba limitada a ocho días de sueldo como armera para supervisar las armas y el entrenamiento, y se le asignaron tareas menos importantes como asistente de utilería. Cuando se acabó su tiempo como armera, Gutierrez Reed le advirtió a un gerente, pero fue rechazada.
Los investigadores de seguridad también señalaron que la empresa de producción no desarrolló un proceso para asegurarse de que no haya municiones reales en el plató, violando los protocolos de seguridad de la industria. Se hicieron juntas sobre seguridad, pero no todos los días que se usaron las armas, como se requiere.
Kenney dijo que investigaciones adicionales sobre posibles cargos penales siguen en curso. El alguacil del condado de Santa Fe y los fiscales locales no han hecho declaraciones.
Kenney dijo que su agencia no recibió quejas directas sobre seguridad del elenco o equipo de producción antes del tiroteo fatal, a pesar de que estas pueden presentarse de manera anónima.
“Esta tragedia, esta pérdida de una vida, pudo haberse evitado y queremos que la gente diga algo”, dijo.
Kenney fue designado en 2019 por la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, una firme defensora de la industria cinematográfica que aumentó el límite estatal de los incentivos para las filmaciones poco después de asumir el cargo.
Nuevo México compite con otros sitios fuera de Hollywood como Georgia, Luisiana y Nueva York para recibir filmaciones. En años recientes, producciones cinematográficas han acudido en masa a Nuevo México para aprovechar sus paisajes diversos, sus costos moderados y generosos incentivos estatales, incluido un reembolso de entre el 25% y el 35% de los gastos estatales para la producción de videos que ayuda a cineastas de producciones grandes y pequeñas a sufragar su trabajo.