Urge IP a aplazar ley outsourcing

Ciudad de México/El Universal.- El sector privado exhortó a celebrar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para que se logre extender el plazo de la entrada en vigor de las leyes en materia de subcontratación (outsourcing). El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señalaron que la tramitología impide que miles de empresas realicen los ajustes necesarios para cumplir con los cambios. Coincidieron en que las modificaciones en subcontratación se deben hacer efectivas hasta el 1 de enero de 2022, y no a partir del próximo 1 de agosto. El CCE manifestó que "esta disposición afecta a un amplio número de empresas que han enfrentado obstáculos en los trámites de registro que la autoridad requiere. Lo anterior podría poner en riesgo un número importante de empleos". Para el organismo cúpula, es momento de apoyar la propuesta del senador Ricardo Monreal (Morena) para que los partidos aprueben un periodo extraordinario este viernes 30 de julio y así se aplace la entrada en vigor de los cambios en outsourcing. "Es de suma relevancia contar con un mayor tiempo, en los términos de la iniciativa presentada, para asegurar la puesta en práctica exitosa de la reforma", destacó el CCE. Por otra parte, la Coparmex consideró pertinente "señalar la grave situación de indefinición e incertidumbre en que se encuentran hoy tanto las empresas como los colaboradores". El problema tiene su origen en que las autoridades, principalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no escucharon la petición del sector empleador "para establecer un mayor plazo con vigencia al 1 de enero de 2022 en la construcción de la reforma, como sí se le concedió al gobierno", agregó el sindicato patronal. Además, advirtió que llegar al 1 de agosto en el contexto actual provocará que muchas empresas caigan en la ilegalidad y que millones de colaboradores pierdan sus fuentes de ingresos. Esta situación afectará a 3.1 millones de empleados que están en la indefinición por la tramitología, recalcó Coparmex.