CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La inseguridad echó por tierra los planes de crecimiento de miles de empresarios, sobre todo de los que recién emprendieron.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi revelaron que 15.1% de los negocios cancelaron sus planes de inversión durante el año pasado.
Los micronegocios, que representan 99% de las empresas en el país, fueron los más afectados, ya que 15.6% de las víctimas de alguna actividad criminal suspendieron sus proyectos, seguido de los pequeños establecimientos, con 10.6%. Los medianos y grandes reportaron tasas de 5.4% y 5.7%, de manera respectiva.
El dirigente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, puso como ejemplo que el crimen organizado y el cobro de rentas llevó a dos emprendedores a cerrar sus comercios en el centro del país. Uno era pedicurista en Iztapalapa y otro tenía una tienda de abarrotes en avenida Texcoco, en Nezahualcóyotl.
"A ambos los renteaban [les cobraban derecho de piso]; cerraron y desaparecieron de la noche a la mañana. El dueño del local se dio cuenta de que ya no estaban sus inquilinos, a quienes les cobraban alrededor de 3 mil pesos por pasada", dijo el empresario a EL UNIVERSAL.
Aunque el cobro de derecho de piso y la extorsión ya son delitos sin derecho a fianza, López Becerra consideró que "no va a ser suficiente, pues los delincuentes no les tienen miedo a penalidades porque hay impunidad".
Morelos, en las sombras
Morelos, que gobierna desde octubre la morenista Margarita González Saravia, encabezó la lista de cancelaciones, al duplicarse los casos de 14% en 2021 a 37% en 2023.
Continuó Guerrero, a cargo de la morenista Evelyn Salgado Pineda, donde la tasa fue de 33.4%, y en tercer lugar aparece Zacatecas, gobernado por el también morenista David Monreal Ávila, con 28.6%. Le siguieron Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca y Michoacán.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el profesor emérito del Tecnológico de Monterrey Raymundo Tenorio explicó que el empleo y desarrollo local son afectados negativamente si los empresarios no están dispuestos a invertir en proyectos de largo plazo.
El coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), Héctor Magaña, señaló que las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleos en el país, pero también son las más desprotegidas, debido a que las grandes tienen los recursos para mejorar sus condiciones de seguridad.
"En los pequeños negocios es donde se tiene que poner mayor atención en la estrategia de combate a la delincuencia, para que tengan la certeza de que sus negocios van a contar con la protección requerida", indicó.
El Inegi calcula que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito para las empresas fue de 124.3 mil millones de pesos en 2023, de los cuales 71.5% correspondieron a pequeños y micronegocios.
La inversión se vuelve más onerosa no sólo por las altas tasas de interés que persisten actualmente, sino también por los desembolsos que se tienen que hacer en materia de seguridad, agregó Magaña, quien también es académico del Tecnológico de Monterrey.
Más consecuencias
Además de la suspensión de inversiones, las empresas víctimas de delincuencia han tenido que recortar sus horarios o cancelar algunas rutas de distribución.
La ENVE del Inegi muestra que 19.8% de las empresas redujeron sus horarios de producción o comercialización, en tanto que 6% cancelaron rutas de distribución y venta de sus productos. Aquí destaca Michoacán, donde la tasa de casos se disparó de 3.6% a 14.6% entre 2021 y 2023.
Magaña recordó que hubo varias manifestaciones buscando una mayor protección no sólo para las empresas, sino para todos los que se dedican al transporte de mercancías, donde la inseguridad en las carreteras aumentó de manera significativa y ha puesto en peligro la vida de los transportistas.
"Las empresas se ven obligadas a replantearse cuáles son las rutas o destinos de sus mercancías. Esta reingeniería o relocalización para tratar de buscar una mejor rentabilidad también afecta en cierta medida las inversiones de sus proyectos", agregó el especialista.
Autoridad quedó rebasada
En opinión de Tenorio, la situación generó la percepción entre los grupos empresariales de que la autoridad mexicana ha sido rebasada por la criminalidad y es incapaz a nivel local o federal de contener a la delincuencia.
"Esto afecta a las decisiones de relocalización de empresas, porque no estamos hablando de inversiones que se puedan desmontar tan fácilmente, pues hablamos de naves industriales, maquinaria y equipo, que si se instalan no es para irse a la vuelta de un año. Entonces, cuando ellos ven que la autoridad local y federal no es capaz de contener la delincuencia prefieren esperar mejores tiempos o irse a territorios de la frontera como Texas o Nuevo México", indicó el académico.
Desde el punto de vista de Magaña, se trata de un problema que se agudizó conforme pasaron los años. "Con la estrategia de combate de la administración anterior lejos de disminuir los diferentes tipos de crímenes y violencia en el país se fueron acrecentando", dijo.