El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la reforma energética aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de octubre, puede tener implicaciones en materia de comercio e inversión.
Señala que esta iniciativa tiene el objetivo de transformar la figura de empresas propiedad del Estado en empresas públicas, estipulando que ninguna compañía podrá imponerse sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma energética modifica los artículos 25, 27 y 28, al implementar estos cambios constitucionales tiene el deber de alinearse a las necesidades del país en relación con la descarbonización y transición energética, así como promover menores costos eléctricos con la finalidad de impulsar la competitividad y considerar las restricciones presupuestales en las finanzas públicas.
Debido a lo anterior, es esencial que el modelo de despacho eléctrico abone la incorporación de más energías renovables y seguridad del sistema en todas las regiones del país.
Uno de los mayores riesgos que representa la reforma energética son las implicaciones que puede tener en las obligaciones comerciales de México.
La iniciativa cuenta con una redacción ambigua, por lo que es necesario que la legislación secundaria se elabore con cuidado para estar alineada principalmente con las estipulaciones marcadas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la modernización del componente comercial del Acuerdo Global México-Unión Europea.
Uno de los mayores riesgos que representa la reforma energética son las implicaciones que puede tener en las obligaciones comerciales de México.
Mientras que en 2026 se realizará la revisión del T-MEC, México tiene que estar preparado para defender todas las políticas públicas que se encuentra implementando, así como las disposiciones del mismo.
Por lo que la iniciativa energética debe alinearse con varios capítulos clave del Tratado. El Capítulo 12, relacionado con el comercio transfronterizo de servicios, establece que, aunque la generación eléctrica no es considerada un servicio en sí, ciertos principios se aplican al suministro de energía eléctrica.
Por lo tanto, la reforma debe definir claramente el concepto de "prevalencia" sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que se cumplan las disposiciones relacionadas con este sector.
Otro ejemplo es el Capítulo 14, referente a la inversión, incluye la "cláusula trinquete", que impide a un país cerrar sectores previamente abiertos a la inversión privada.