2025 cerró con un fuerte golpe a tres instituciones financieras mexicanas, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, unidad encargada de combatir delitos financieros, las catalogara como entidades de "preocupación principal" en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas, principalmente al fentanilo.
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por presuntamente facilitar operaciones ilícitas para cárteles mexicanos y redes de empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
Las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, restringieron operaciones con el sistema financiero estadounidense, provocando una reacción inmediata en México.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal a las tres instituciones para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos adicionales para los usuarios.
De acuerdo con la investigación estadounidense, CIBanco habría permitido lavar alrededor de 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo; Intercam habría canalizado transferencias millonarias entre México y compañías chinas implicadas en el tráfico de precursores; y Vector habría movido recursos de grupos criminales hacia Asia.
Las tres firmas rechazaron las acusaciones y aseguraron que los fondos de los clientes se mantienen seguros.
Las medidas del Tesoro representan la primera aplicación directa de las facultades reforzadas por la FEND Off Fentanyl Act, con las que Washington busca cortar de raíz el financiamiento del tráfico de opioides sintéticos.
Reacción mexicana: multas y administración especial
Tras las órdenes del Tesoro, la CNBV intervino de manera temporal a las tres instituciones e impuso multas: 92 millones de pesos a Intercam, casi 67 millones a CIBanco y alrededor de 27 millones a Vector, por anomalías en controles contra lavado de dinero u otras irregularidades administrativas.
Adicionalmente, para evitar un colapso en servicios financieros, como fideicomisos, créditos y cuentas de clientes, el gobierno trasladó temporalmente los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a bancos de desarrollo, mientras reguladores supervisaban las operaciones.
Migración de cuentas, salida de clientes y caída operativa
El anuncio de las sanciones provocó una migración acelerada de fideicomisos, cuentas empresariales y fondos de inversión hacia otras instituciones. Empresas que utilizaban a estos bancos como fiduciarios deshicieron sus relaciones. Además, se reportó salida de personal y reducción de operaciones.
La tensión financiera llevó a que firmas calificadoras, como Fitch Ratings, degradaran sus calificaciones crediticias a grado especulativo ("basura"), debido al alto riesgo por lavado de dinero y pérdida de liquidez.
Fase final: procesos de revocación y liquidación
Posteriormente, las autoridades mexicanas iniciaron procesos de revocación de licencias y liquidación ordenada de activos, con el objetivo de proteger a los usuarios.