CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay inconformidad en la oposición por la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) porque ya no se transferirá a las grandes empresas dinero público pues no hacían investigación en beneficio del pueblo.
La nueva Ley de Ciencia fue aprobada la madrugada del sábado pasado por la vía rápida del fast track por senadores de Morena y aliados. La oposición anunció que impugnarán la serie de reformas aprobadas ese día, pues dudan, incluso, de que haya existido el quórum necesario.
Pero a la conferencia del Presidente este miércoles se unió la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien justificó la aprobación de la nueva ley al asegurar que con ésta ya no se permitirán las simulaciones y normas a modo que deriven en multimillonarios recursos del pueblo a empresas.
Además, acusó que en sexenios pasado se destinaron 45 mil millones de pesos en fideicomisos a 3 mil empresas privadas nacionales y extranjeras y que fueron utilizados como subsidios para construir "elefantes blancos", falsas ciudades del conocimiento y esquemas de triangulación.
Indicó que no solo hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses políticos. "Desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Conacyt.
"Las trasferencias además contaron con la participación, podríamos decir complicidad, para habilitar y legitimar estas trasferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas".
Además, acusó a instituciones académicas como la UNAM, el Tec de Monterrey y la UANL de haber sido cómplices y legitimar estas transferencias.
También presentó una presunta red de "desvío de funciones" que se creó en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) durante el llamado periodo neoliberal para beneficiar a instituciones, escuelas, prensa y otras organizaciones, entre ellas el INE, el INAI, la UNAM, la SCJN, y dos exdirectores del CIDE, Sergio López Ayllon y Enrique Cabrero.
"Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos".
Álvarez-Buylla agregó que se destinó dinero público a proyectos de empresas privadas relacionados con "comida chatarra" y mejorar, por ejemplo, salsas y empaques de pizzas.
"Hubo varios proyectos a empresas de comida chatarra para mejorar los empaques de las pizzas, también para mejorar la pintura y el color de la carrocería de algunas empresas de autos; es decir, no tenían nada que ver con desarrollo científico y tecnológico en muchos casos", dijo la titular del Conacyt.
María Elena Álvarez-Buylla, quien justificó la aprobación de la nueva ley al asegurar que con ésta ya no se permitirán las simulaciones
Álvarez-Buylla acusa al CIDE de "desvío de funciones"
María Elena Álvarez-Buylla, quien justificó la aprobación de la nueva ley al asegurar que con ésta ya no se permitirán las simulaciones