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Expone jurista mejoras a leyes anticorrupción


Publicacion:23-05-2018

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Son 11 compromisos de política pública para avanzar en el control efectivo de la corrupción en los estados del país.

El jurista local Juan Torres, habló sobre las mejoras que deben de tener las leyes anticorrupción en la entidad y México, donde dijo que son 11 compromisos de política pública para avanzar en el control efectivo de la corrupción en los estados del país.

Dijo que  ninguna entidad del país está exenta de la necesidad de fortalecer sus instituciones de control a la corrupción, de vigilar y acatar las resoluciones de los órganos fiscalizadores y de investigación. Por eso, proponemos un mínimo de 11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país.

“Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos”.

“Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones”.

“Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos”.

“Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA)”.

“Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.

Además de que el desarrollo del estado de derecho debe de ser sólido.

“Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos”.

“Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas. Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna”.

“Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA. Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo. Y un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia”.

Además de que el  Poder Judicial de la Federación (PJF) participa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su carácter constitucional de órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la judicatura federal, con excepción de las atribuciones que en esas materias corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A partir de lo ordenado constitucionalmente, el CJF –de manera conjunta con las autoridades que conforman el Comité Coordinador del SNA-, habrá de coadyuvar en el diseño y promoción de políticas públicas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

“En ese tenor, nos parece que la labor del CJF será sustantiva para compartir con los demás integrantes del Comité Coordinador y con la sociedad en general, cuál ha sido la visión adoptada y las acciones realizadas por el PJF para propiciar un contexto de integridad respecto a los servidores públicos judiciales”.

Además, el desempeño del CJF en los trabajos del Comité Coordinador, marcarán la pauta que habrán de observar y, en su caso, seguir los respectivos organismos judiciales de las entidades federativas, en su participación en los Sistemas Estatales Anticorrupción que se crearán a manera de espejo respecto del SNA.

“Desde nuestro punto de vista, existen al menos 5 propuestas que el PJF podría considerar, de cara a la plena implementación del SNA en nuestro país”.

Además sería importante la implementación de un Sistema de Control Interno homogéneo e integral para todas las instancias del PJF, ya que una sólida metodología de control interno puede coadyuvar a que las instituciones judiciales cuenten con una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas de la judicatura federal.

Además es recomendable que el PJF, en su conjunto, cuente con un Sistema de Control Interno homologado, en virtud de que la reforma constitucional anticorrupción establece que corresponde al Comité Coordinador del SNA: “emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno”.

Por tanto el PJF, incluido el CJF, debe posicionarse en los más altos estándares de control interno, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en los distintos estudios que sobre este tema ha efectuado, a fin de contar con la fortaleza institucional que le permita –junto al resto de las autoridades del Comité Coordinador-, emitir con eficacia las recomendaciones que dispone el ordenamiento constitucional.

 

 



« El Porvenir / Alberto Medina »
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