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Analizan importancia del escrutinio público


Publicacion:21-02-2018

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Juristas dialogaron sobre lo que es el sistema democrático, donde el escrutinio público sobre las instituciones debe ser una realidad.

En un deseo de mejora del estado de Derecho, juristas dialogaron sobre lo que es el sistema democrático, donde el escrutinio público sobre las instituciones debe ser una realidad, dijo la jurista Otálora Malassis.

Así es que la Magistrada presidenta del TEPJF indicó, que la democracia demanda que los ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones.

Por lo que reveló que en el derecho a saber maximiza sustancialmente el derecho a elegir y, por tanto, refuerza la estructura democrática fundamental del Estado mexicano, afirmó el Magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Para promover la cultura de la transparencia, la protección de los datos personales y adoptar las mejores prácticas en la materia, el TEPJF y el INAI firmaron un Convenio General de Colaboración.

La Magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis aseguró que, en un sistema democrático pleno, el escrutinio público sobre las instituciones debe ser una realidad inobjetable, incluyendo a las que imparten justicia. “Sin transparencia no hay certeza en la democracia”, dijo.

“La democracia en un país no se limita a la celebración periódica de elecciones ni a la renovación de cargos al interior de los órganos de poder: la democracia implica, además, asumir prácticas y acciones de transparencia en todas las instituciones públicas”, aseveró la magistrada Otálora Malassis en la firma del Convenio General de Colaboración entre el TEPJF y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La magistrada presidenta Otálora Malassis, el presidente de la Comisión de Transparencia del TEPJF, Magistrado Felipe Fuentes Barrera, el Comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y la Comisionada Ximena Puente de la Mora, suscribieron el Convenio de colaboración, acompañados por la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, así como los comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford.

Además la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que la democracia demanda que los ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones que a todos conciernen, así como supervisar que las distintas contrataciones y licitaciones se apeguen siempre a derecho. “La democracia también exige que las autoridades protejan los datos personales que obran en su poder, a fin de que no se haga mal uso de ellos y que no caigan indebidamente en manos de terceros”, expresó.

“El pleno de la Sala Superior del TEPJF, al instalarse formalmente en noviembre de 2016, señalamos que nuestras actuaciones siempre serán visibles antes todos, en el pleno respeto al principio de la transparencia que rige el actuar de todo servidor público del Estado mexicano. Asumimos públicamente el compromiso de entregar cuentas claras y transparentes de los recursos asignados al Tribunal, ese será siempre uno de nuestros compromisos, y éste ha sido y será la guía de nuestro actuar”, apuntó Otálora Malassis.

El derecho a saber y el derecho a elegir tienen una vinculación indisoluble en los sistemas democráticos: Fuentes Barrera.

Por su parte, el magistrado Fuentes Barrera indicó que, en un sistema de libertades como el nuestro, quien más conoce, ejerce mejor sus derechos. Esta fórmula cobra especial relevancia cuando se trata de cuestiones electorales, porque el conocimiento de los postulados de precampaña y campaña, por citar solo un ejemplo, lleva a los votantes a tomar decisiones informadas, dijo.

El magistrado destacó que los esfuerzos de las instituciones, cuya competencia es la electoral, no deben ceñirse exclusivamente a garantizar que se reciba esa información electoral, pues el compromiso incluye poner a disposición de la población elementos informativos de interés público, relacionada con la gestión, que abonen a la construcción de una cultura democrática.

“El derecho a saber maximiza sustancialmente el derecho a elegir y, por tanto, refuerza la estructura democrática fundamental del Estado mexicano”; por ello, el Tribunal Electoral debe hacer públicas las razones que le llevan a fallar en determinado sentido, así lo disponen las obligaciones de transparencia contenidas en el entramado legal en materia de transparencia.

En este contexto, Fuentes Barrera subrayó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con ejes rectores que atienden al quehacer institucional, dentro de los cuales está el abrir la transparencia al máximo de nuestras capacidades, en beneficio de la ciudadanía y como prioridad en el desempeño de las labores cotidianas, pues esa política judicial ha sido criterio unánime de las magistradas y magistrados que integran el pleno de la Sala Superior.

El Convenio firmado por el TEPJF y el INAI, se inserta en la decisión asumida por las y los magistrados de la Sala Superior de ser un Tribunal Abierto, a partir de la cual han adoptado el modelo de justicia abierta como uno de sus ejes de acción, con pleno convencimiento de que una ruta segura para fortalecer a las instituciones es su apertura permanente a la ciudadanía.

El Convenio tiene tres líneas de acción: 1) Trabajar conjuntamente para promover una cultura de legalidad, transparencia acceso a la información y protección de datos personales, a través de cursos de capacitación entre los integrantes de ambas instituciones y la edición de obras conjuntas; 2) Compartir estrategias de avanzada y mejores prácticas en la materia, como son las herramientas “Comisiones Abiertas”, “Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México” y “Transparencia en Publicidad Oficial”, entre otras; y, 3) Fortalecer la colaboración y la comunicación entre ambos organismos, a través de la conformación de un Comité de Seguimiento, conformado por tres integrantes del TEPJF y tres del INAI, para dar continuidad a los proyectos que emprendan.

 

DERECHO DA CERTEZA

Además dentro de este desarrollo la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que, en el proceso electoral en curso, es fundamental el respeto y la solidaridad entre autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, a nivel local y federal, para dar certeza a los resultados electorales del 1 de julio.

“Podemos disentir, revocar o modificar determinaciones, puntualizó, pero con el pleno respeto del órgano al que le estamos modificando”.

“De por sí ya el debate es ríspido, complicado, entonces el respeto y la solidaridad tiene que ser totalmente transversal entre todos”, subrayó al dictar la conferencia magistral: “Los retos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral 2017-2018”.

Ante magistradas y magistrados de Salas Regionales, integrantes del Tribunal Electoral, dijo que la  legitimidad de los tribunales electorales se dará “a través de nuestras decisiones, pero también a través de nuestra actuación, de nuestros actos y de las actitudes que tomemos ante los actores políticos”. De ahí la importancia de mantenerse al margen del debate político y dejarlo en el ámbito de los actores políticos.

“Avoquémonos nosotros al debate jurídico y al debate de la organización de las elecciones, que es el único que nos tiene que importar”, destacó.

Por su parte, el Magistrado José Oliveros Ruiz, indicó que, para el TEPJF así como para los tribunales locales, las próximas elecciones representan un gran desafío que debe afrontarse con la responsabilidad constitucional, legal y social que se requiere.

Ciertamente, agregó el Magistrado, ante un año de ardua labor para los órganos jurisdiccionales electorales, es preciso refrendar la vocación democrática; así como las buenas prácticas de tribunal abierto, al resolver los medios de impugnación y los procedimientos sancionadores que hasta la fecha se han presentado y los que presentarán los actores en esta elección.

Y es que con la emisión de sentencias claras, apegadas a derecho y con criterios que respeten los derechos político-electorales de los justiciables. El objetivo es garantizar en todo momento la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial en el ámbito de nuestra competencia.

Además la  ley electoral es clara y explícita en el procedimiento de escrutinio y cómputo: Magistrado Vargas Valdez.

Por lo que en el escrutinio y cómputo de los votos en las casillas electorales, está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), por lo que el procedimiento de abrir todas las urnas para sacar boletas, reacomodarlas y volver a meter es contrario a la ley, afirmó el Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.

“La facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral (INE), es para cuestiones donde hay omisión o donde hay lagunas, no para contravenir lo que dice el legislador”, indicó en entrevista.

El Magistrado Vargas Valdez explicó que el Reglamento de Elecciones del INE establecía que una vez que se cierra la elección, dentro de la casilla se realizaría un procedimiento inédito para sacar de las urnas los paquetes, acomodar aquellas boletas que estuvieran en lugar distinto al que le corresponden. Posteriormente a ese reacomodo, las boletas se volverían a introducir en las urnas y se comenzaría a contar elección por elección.

Vargas Valdez señaló que, con este paso adicional, el INE pretendía tener el cien por ciento de los resultados de las elecciones a la Presidenta de la República. “¿Qué sucede? ¿Cuál era la preocupación aquí? Primero, la Legipe es explícita en cómo se tiene que hacer el procedimiento de escrutinio y cómputo de las boletas electorales”, dijo.

El Reglamento de Elecciones contravenía el procedimiento que está en la ley para el escrutinio y cómputo de elecciones federales y locales, cuyos resultados son asentados en el acta de cada elección, la cual es firmada por los funcionarios de la casilla y representantes de partidos. Estos resultados se pegan en la puerta de cada casilla y es la fotografía para tener los resultados electorales preliminares, abundó.

“Lo que proponía el INE era tener los resultados más rápido. Pero, qué pasaba donde alguno de esos pasos no saliera bien, por no estar establecido en la ley y se prestara a cualquier tipo de confusión, o incluso, con alguien de mala fe, de aprovechar ese momento de extracción no previsto en la ley para quitar boletas, meter boletas, nos podría haber metido en un verdadero problema de duda en torno a la certeza de los resultados de la elección y eso es lo que el Tribunal quiso tutelar y preservar, decir es más importante frente a un resultado rápido, que no es una etapa fundamental del proceso, el PREP y una etapa que sí es fundamental es la de escrutinio y cómputo”.

Con ello, el Tribunal decidió preservar y darle todo el cuidado a la etapa de resultados, “más allá de que haya resultados rápidos o no, la certeza es fundamental para la legitimidad y la legitimación de los próximos gobernantes. Si empezamos con dudas de hay 100 mil votos que no se contaron, que quién sabe dónde están, eso generaría al país una grave crisis, y eso es lo que este Tribunal no puede permitir”, afirmó el Magistrado Vargas Valdez.

 

 



« El Porvenir / Alberto Medina »
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