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Opinión Columna


Cualquier otra burocracia


Publicación:17-01-2020
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Pero la creación del instituto para el bienestar de la salud no se trata de los grandes seguros, sólo se trata de dar atención médica

 

Durante su etapa de formación histórica, el Estado y el derecho han cruzado diversas etapas contradictorias que dan referencia al aspecto territorial de la aplicación de ambas instituciones, aunque la cuestión relacionada a la conceptualización de los derechos humanos que Jimmy Carter (EU-UU.) instrumentó al lado de la doctrina Monroe para la defensa del gobierno de Estados Unidos respecto a los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, contenido en aquel informe que sentenciaba “América para los americanos” , que le permitió a Jefferson decir en su carta dirigida a William Short el 4 de agosto de 1820; “no estar lejano el día en que podamos trazar formalmente un meridiano de división que, a través del océano, separe los dos hemisferios, en cuyo lado de acá jamás ha de oírse un cañón europeo, ni uno americano en el otro”, dentro del contexto en que la secuencia de los acontecimientos en que los invasores germánicos, cuando invaden Inglaterra, adoptan una concepción distinta de la territorial del imperio romano, llegado hasta nuestros días partir de que entre los pueblos teutónicos los derechos se adscriben a los individuos, como personas, sin tener en cuenta su condición de miembros del Estado: El derecho forma parte de su personalidad, y las acompaña a dondequiera que fueren, sin que sufra cambio alguno en su esencia y sin que puedan abandonarle”.


A este respecto, siguiendo el modelo inglés que luego continúan los norteamericanos, escribe Harold J. Laski: “Los derechos son las condiciones de vida social, sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionar y afirmar su propia personalidad. Puesto que el Estado existe para hacer posible esa tarea, sólo manteniendo esos derechos puede conseguir su fin. Los derechos, por consiguiente, son anteriores a la existencia del Estado, en el sentido, de que, reconocidos o no , son la fuente de donde se deriva su validez legal. Los derechos no son categorías históricas, en el sentido de que durante algún tiempo hayan obtenido su reconocimiento. No son naturales en el sentido de que puedan compilarse por un catálogo permanente e inmutable. Son históricos en el sentido de que constituyen una exigencia de la civilización en un tiempo y lugar determinados; y son naturales en el sentido de que, bajo esas mismas limitaciones, los hechos demandan su reconocimiento (La gramática de la política: el estado moderno, cap. 3: los derechos).


A consecuencia de que hace unos días, Andrés Manuel López Obrador diera a conocer la creación del Instituto para el Bienestar de la Salud, cuya finalidad tendría como propósito darle a todos los mexicanos los servicios de salud y la cobertura de todos los medicamentos, aduciendo el derecho humano contenido en el artículo cuarto de la Constitución General de la República, que entre otros derechos, establece que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades…” .


En México, después de haberse implantado como obligatorio el seguro social en Alemania (1883) para atender la enfermedad, accidentes de trabajo (1884) y para el de vejez e invalidez, le siguieron los seguros de Austria, Islandia , Noruega, Inglaterra, Finlandia (1895) , Francia e Islandia (1898), Rumanía y otros, se estableció a mediados del siglo pasado, tras el propósito de poner a cubierto al trabajador de las consecuencias económicas de todos los riesgos subjetivos: enfermedad, vejez o retiro, viudez, maternidad, orfandad y muerte prematura, y especialmente contra los accidentes de su trabajo: accidentes, invalidez y para forzoso; sobre la base de que el pago o financiamiento por mucho tiempo se consideró como una carga de la cadena de la producción, que debieron satisfacerse entre las aportaciones del obrero, el patrón y el Estado en las proporciones establecidas en la ley de cada país. . En España el primer seguro colectivo en establecerse como obligatorio fue el de retiro, como ampliación del seguro de vejez, sustituido por el pago de subsidios a la vejez.


La cooperación del Estado al financiamiento de las cuotas de los seguros sociales deviene como un reconocimiento a la obligación del Estado de proteger el trabajo, y como una consecuencia de la función del Estado de anticiparse al calentamiento de la economía por la sobre utilización de sus recursos de mano de obra, y en este caso, la prudencia recomienda reducir los gastos gubernamentales y aumentar los impuestos, creando durante todo el ciclo económico un superávit presupuestario que servirá para limitar el auge de la actividad económica y restringir la inflación, caso que no es del gobierno. O actuando de manera indirecta sobre las variables de la inversión y el consumo, tras el objetivo de controlar la inflación o el alza generalizada de los precios, a través de una restricción de las reservas que se ofrezcan a los bancos, cambiando la disponibilidad del dinero para ofrecerse en créditos con un incremento al costo del dinero.


Pero la creación del instituto para el bienestar de la salud no se trata de los grandes seguros, sólo se trata de dar atención médica y suministrar medicamentos a los que carecen del derecho constitucional a la salud, lo que en otro tiempo constituyó la codicia de los dueños del negocio de la salud, que aspiraron a disponer del negocio adicional unido a la infraestructura de los laboratorios que controlan los medicamentos, y de aprovecharse de la infraestructura de clínicas y hospitales del servicio público, para para aprovecharse de su desmantelamiento a la sombra del seguro popular-que por definición de López Obrador ni era seguro ni era popular. La reacción en contra de la solución oficial habrá que buscarse entre las agrupaciones de médicas que han mantenido el control de la producción de médicos en las universidades públicas, en particular de los grupos médicos que mantuvieron la dirección de la Universidad Nacional Autónoma de México y la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mejor conocida como Bata Blanca y otra sección que domina lo más adelantado de la medicina privada, manteniendo siempre el control de la producción de profesionistas, que han hecho crisis en menos de medio siglo en la educación superior, hasta el extremo en que a la distancia del tiempo, a López Obrador lo ha llevado a la coyuntura de crear una universidad para la salud pública y los interesados se desenvuelven como verdaderos propietarios del negocio de la atención médica, como si fuera cualquier otra burocracia empedernida en sus propios enjuagues.



« Redacción »
Carlos Ponzio


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