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Opinión Editorial


Mochilas, errores y dedos aviesos


Publicación:13-01-2020
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OPERACIÓN MOCHILA. Es de esperarse que en la semana se retome el programa para la revisión de mochilas en algunas escuelas de la localidad y del país, tras los lamentables hechos sucedidos en un colegio de Torreón, Coahuila, en los que un alumno disparó y mató a su maestra, además de quitarse la vida después de disparar también contra algunos compañeros. En el 2017 vivimos un tragedia similar en Nuevo León que derivó en la reimplementación del llamado Operativo Mochila en los planteles de la entidad. Sin embargo, el problema no se soluciona ahí. Nuestros niños y jóvenes viven en medio de un ambiente de violencia constante, son bombardeados diariamente a través de la televisión, las redes sociales, videojuegos y de diversos canales de comunicación. La violencia forma parte de su cotidianidad. Viven, crecen y se desarrollan en un entorno infestado de situaciones violentas. A esto debemos sumar el hecho de que, ahora, producto de la delincuencia exponencial que padecemos en las últimas décadas, en muchos de los hogares hay armas de fuego a las que, por negligencia de los padres y falta de vigilancia, pueden acceder los jóvenes, con consecuencias funestas como las registradas la semana pasada.

 

DERECHOS HUMANOS. Es necesario poner en la balanza, por un lado, los derechos humanos llevados al extremo de no avalar la revisión de las mochilas escolares, incluida la renuencia de los mismos padres de familia. Por el otro lado, la necesidad de proteger la vida de los menores para que se eduquen en un ambiente en el que se les garantice su seguridad personal. Finalmente es más importante tutelar el derecho a la vida sobre cualquier prerrogativa de una tergiversada protección de la intimidad, entendida ésta por lo que toca a sus bienes y no a su cuerpo mismo.

La ambigüedad de las fronteras en la protección de los derechos humanos, en este caso por el operativo mochila, tiene también en un predicamento a directivos y maestros en las escuelas. Muchos de ellos prefieren no meterse en líos con su implementación frecuente ante el temor de meterse en líos administrativos o legales, pues saben que en el sistema actual, ante cualquier denuncia y señalamiento, el maestro o director es culpable hasta que demuestre lo contrario. Hay, con ellos, una presunción de culpabilidad y no de inocencia. Existe también el temor por lo que puedan encontrar en las mochilas, particularmente por lo que toca a drogas, pues además de posibles complicaciones administrativas, saben que pueden tener problemas con las bandas delincuenciales que a eso se dedican en los rededores de las escuelas. En la práctica, en la vida real, no tienen ante quién acudir para denunciar el hecho, ni quién los proteja, ni policías ni alcaldes ni autoridades educativas superiores. En la vida real, es mayor el temor del maestro ante el alumno y sus derechos que el respeto que alumno profesa hacia su maestro. Como ejemplo de que otras épocas fueron mejores por lo que toca a seguridad en las escuelas, no sólo al interior, sino al exterior mismo del plantel, aludo a una anécdota que hace días me comentó un maestro jubilado de la Preparatoria 1 de la UANL, cuando las aulas estaban en el edificio de Colegio Civil, hace ya varios décadas. En alguna ocasión el director se enteró que en las cercanías de la escuela había una persona que estaba ofreciendo y vendiendo mariguana a los jóvenes preparatorianos. Mandó llamar a su jefe de seguridad –en ese entonces era popular la palabra porro- y le dio indicaciones para darle su “calentadita” el traficante sin causarle mayor daño, pero con la advertencia de no acercarse nunca más a las inmediaciones del plantel. La orden fue cumplida a cabalidad y asunto arreglado, se acabó el problemita por la vía rápida. En las circunstancias actuales nadie, ni loco, se atrevería a hacer una acción semejante para proteger a los alumnos. Tampoco a denunciar los hechos por la complicidad que puede haber entre delincuentes y autoridades. Triste, pero así la realidad.

 

ERRORES DE DEDO. Sin haber periodo de sesiones, pues arranca en febrero, en esta semana debeverse la manera de enmendar los errores de la Ley de Movilidad que finalmente publicó el titular del Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado y que, como se ha denunciado por diversos medios y actores políticos, llevaba varios errores de dedo, no sabemos si de las manos o de las patas, siendo más probable de estas últimas. Son seis artículos que “se les fueron” a los legisladores a la hora de mandar el decreto para su publicación. Hasta ahora, el malo de la película es el Oficial Mayor del Congreso, Pablo Rodríguez, pero dada su experiencia y la de su personal, difícilmente puede creerse en su negligencia o culpabilidad. Lo que suele pasar en estos casos es que se reciben órdenes superiores y, ni modo, a apechugar.

 

HUASTECA. En La Huasteca seguirá la novela que tiene actores políticos de todo tipo, en una mezcolanza muy variadita. Ecologistas, diputados, partidos políticos, regidores, funcionarios municipales, estatales y federales, comuneros, ejidatarios, líderes de ONGs, desarrolladores y empresarios, todos con intereses muy puntuales y particulares. Lo único que nos falta saber es quiénes son los propietarios de los terrenos en realidad, dato que las autoridades estatales y municipales guardan muy celosamente. Hasta ahora sólo se sabe de una empresa desarrolladora, Marfil, los nombre de los demás propietarios están guardados bajo piedra y lodo. En asuntos sobre desarrollo urbano con alto interés ecológico como que va siendo tiempo que las autoridades establezcan criterios claros que normen el desarrollo de los terrenos en modo compatible con el medio ambiente. Por cierto, en el caso de La Huasteca, además de las aguas subterráneas ¿qué otro valor tiene que la diferencia de otras zonas que ya fueron desarrollados en la misma cordillera montañosa? ¿sólo el decreto?

 

SEGURO IMPOPULAR. Habremos de estar pendientes también de la implementación correcta del Instituto de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular desde el primer día de enero. Una pésima planeación del gobierno federal del AMLO para hacer la transición de un esquema a otro, lo que vino a complicar la salud de muchas personas cuya única garantía de salud era justamente el aseguramiento popular que se implementó desde los gobiernos panistas. El Insabi es un ejemplo más de las buenas intenciones del presidente -causi monarca- en turno con pésima planeación y ejecución por parte de sus subalternos. Muchos de los pacientes con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, hecho ante el cual algunos funcionarios, ,muy insensatos, salieron a pedir paciencia como si no fuera la vida en ello.

 

GENERO. Esta semana inicia operaciones en forma la flamante Unidad de Género que se creó en el Senado de la República, que tiene fines muy nobles en un tema tan sensible en la sociedad mexicana actual, como es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tema en el que se ha avanzado mucho en los últimos años y que ha servido como argumento para cuestionar muchas de las acciones y acuerdos de organismos públicos –COTAI, el caso más “calientito” aquí en Nuevo León- en el país. No obstante, cabría preguntar hasta dónde se justifica la creación de más aparatos burocráticos para un asunto, que si bien es importante y fundamental para la vida democrática en el país, podría atenderse por la Comisión para la Igualdad de Género con un marco jurídico más sólido en la materia. Un órgano similar existe en la Cámara de Diputados y hasta en varios congresos estatales, con la respectiva burocracia que los acompaña. Sorprende que aquí en Nuevo León no se les haya ocurrido a nuestros diputados crear una unidad de este tipo para darle chamba y cabida a algún compromiso político o pariente.

 

CARA A CARA CON GOBERNADORES. El martes, el presidente AMLO tendrá reunión y comida con los mandatarios estatales que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que pueden saltar chispas pues existen temas en los que se han confrontado. Particularmente hay dos que pueden ser motivo de discordia. El primero, la balconeada que el presidente le dio a los gobernadores que desdeñan las reuniones mañaneras de seguridad, como es el caso nuestro con Jaime Rodríguez Calderón que le encomendó esa labor al Secretario General de Gobierno. El segundo punto es la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, en el que varios gobernadores, entre ellos los panistas y el de Movimiento, Enrique Alfaro, se le pusieron a las patadas al Presidente, rechazando en sus entidades al Insabi como sustituto del Seguro Popular.

 

¿QUIÉN MIENTE?La Conago es presidida por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de origen panista quien, cosa rara, en vísperas de Navidadseñaló que el presupuesto federal que se reparte a los estados no representó disminución alguna y que, incluso, creció en los mismos términos que la inflación, lo que se contrapone abiertamente con el lloriqueo de muchos gobernadores, de diversos orígenes partidistas, que señalan que les bajaron los recursos federales. ¿Quién tiene entonces la razón? ¿el Presidente de la Conago o los gobernadores? El lloriqueo ha servido como excusa a algunos mandatarios para aumentar y crear impuestos estatales. El caso más sonado es el de Baja California, donde Jaime Bonilla ya hasta calificó de marranos atorados y chillones a los empresarios que en voz de sus representantes se han manifestado contra la creación de sus nuevos gravámenes.

 

 



« Redacción »
José Luis Garza

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